Necesario, pasar del discurso a la acción en violencia contra mujeres: Domínguez Arévalo ·
Villahermosa, Tab., 26 de enero de 2022. No.-
010.
Necesario, pasar del discurso a la acción en violencia
contra mujeres: Domínguez Arévalo
·
A
invitación del TSJ, la presidente del Instituto Electoral y de Participación
Ciudadana disertó la conferencia Un nuevo delito en materia de género,
violencia política contra las mujeres
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A
nivel nacional 14 mujeres y 99 hombres están en el registro de violentadores;
en Tabasco están inscritas dos mujeres, una por acción y otra por omisión
·
El
Poder Judicial refrenda compromiso para combatir agresiones contra este sector
de la población
En el marco del Día Naranja, momento para actuar,
generar conciencia y prevenir la violencia contra la población femenil, el
Tribunal Superior de Justicia auspició la conferencia Un nuevo delito en materia
de género, violencia política contra las mujeres, durante la cual la
presidente del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco
(IEPCT), Rosselvy del Carmen Domínguez Arévalo, subrayó que uno de los
principales retos en esta materia es pasar del discurso a la acción.
A nombre del presidente del Poder Judicial, Enrique
Priego Oropeza, la titular la Unidad de Igualdad de Género y Derechos Humanos,
Irma Salazar Méndez, refrendó el compromiso de la institución para combatir la
violencia contra las mujeres, lo cual se materializa con hechos, de ahí que desde
enero de 2019 se pusieron en marcha acciones y programas completos de
capacitación para que todos los servidores judiciales ejerzan mejor sus
funciones.
Lograr un cambio requiere del compromiso sostenido y
cotidiano de todos los que forman parte de la institución, dijo por lo que
llamó a los participantes en la conferencia, transmitida vía streaming, a que
este esfuerzo no se quede únicamente en las capacitaciones, sino tomar
conciencia y concretarlo en acciones.
Rosselvy del Carmen Domínguez recordó que las reformas
en materia de violencia política fueron aprobadas por unanimidad por la Cámara
de Senadores y su publicación en el Diario Oficial de la Federación el 13 de
abril de 2020 permitió se hicieran modificaciones a otras ocho normas jurídicas,
entre ellas las leyes de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia;
generales de Instituciones y Procedimientos Electorales, del Sistema de Medios de Impugnación en
Materia Electoral, en Materia de Delitos Electorales, de Partidos Políticos, y
de Responsabilidades Administrativas, así como las leyes orgánicas de la
Fiscalía General de la República, y del Poder Judicial de la Federación.
Señaló que desde antes de que se estableciera como
delito ya había varios precedentes en materia electoral y desde 2014 poco a
poco se han ido implementado medidas para equilibrar la desigualdad existente
entre géneros, en la búsqueda de la igualdad sustantiva. Agregó que con las
nuevas disposiciones se tienen reglas, normativas y sanciones para este tipo de
delito, aunque aún hay mucho por aprender sobre el tema.
Domínguez Arévalo mencionó además que México tiene una
obligación internacional para prevenir, sancionar y erradicar cualquier tipo de
violencia contra las mujeres y desde las instituciones se debe hacer este tipo
de ejercicios de concienciación para que desde todas las esferas se vaya erradicando
la problemática, que adquiramos conciencia de que existen desventajas por razón
de género, desigualdades y se debe trabajar diariamente para reducir esas
brechas.
Consideró que con todas estas reformas hoy se cuenta
con un catálogo más amplio de expresiones para constituir el delito de violencia
política. Dichas reformas van dirigidas no sólo a las candidatas sino también para
aquellas féminas en ejercicio de funciones o quienes han sido designadas a un
cargo.
Con esta tipificación jurídica se va en defensa de
todas las mujeres, las que están en la vida pública y las que no lo están, pero
que tuvieron o tienen relación con
hombres en la esfera pública, de ahí que en el pasado proceso electoral el Instituto
Nacional Electoral (INE) emitió un acuerdo para que ningún hombre que tuviera
una condena por violencia doméstica, delitos sexuales, o esté en el registro de
deudores alimentarios o morosos, pudiera ser candidato a un puesto de elección.
Para ello, en algunos estados los órganos electorales
locales hicieron convenios con los tribunales superiores de Justicia para disponer
de esa información, pero fueron pocas las entidades federativas donde se dio
seguimiento al acuerdo del INE y a nivel nacional se efectuó de manera aleatoria.
La titular del IEPCT explicó que las denuncias más
recurrentes por violencia política contra las mujeres han sido por ataques en
redes sociales, amenazas para que renuncien a la candidaturas o cargos,
secuestros exprés, y agresiones. De junio de 2020 a 2021 los casos denunciados
ante el INE fueron 147 y a través de la Asociación de Consejeras Electorales se
identificaron 467 procedimientos en el proceso electoral más reciente.
Domínguez Arévalo detalló que en lo que va de la
publicación de la reforma a abril de 2021 se han resuelto 647 casos ante los órganos
electorales.
Informó que se ha sancionado a funcionarios
electorales, integrantes, representantes, simpatizantes, aspirantes de partidos
políticos, precandidatos y candidatos a puestos de elección popular, concesionarios
de radio y televisión además de periodistas.
Las sanciones son sumarias y como medida de no repetición
existe un registro para quienes tienen una resolución en firme, los cuales no
podrán participar en procesos electorales por un tiempo determinado y de
acuerdo a la sanción.
A nivel
nacional en total 14 mujeres y 99 hombres están en la lista, de los cuales uno de
Veracruz cuenta con nueve registros por incidir en esta conducta. En Tabasco
están inscritas dos mujeres, una por acción y otras por omisión, lo que muestra
que se puede sancionar a quien ejecuta la acción o quien la permite.
Aseveró que con la comisión de este delito se trata de
demeritar la labor, trayectoria, el trabajo y la experiencia que pudiera tener
una persona por el hecho de ser mujer, y esto se debe a que ellas poco a poco
fueron llegando a los cargos y ahora arribaron en masa en virtud del principio
de paridad, de ahí que los casos han aumentado, porque se les ve como
usurpadoras.
Esa es la razón de las acciones encaminadas a proteger
y evitar estas conductas para que no exista ningún tipo de violencia contra el
género femenino, y esta es muestra de que sí se busca erradicar esta situación
y además ningún violentador llegue al poder bajo el principio de inocencia,
sostuvo.
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