Pobreza es sinónimo de déficit de derechos, plantea investigadora española
Villahermosa, Tab., 11 de junio de 2019. No.-
076.
Falta
de derechos es causa de pobreza
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Carolina
Fernández Blanco, investigadora de la Universidad de Girona, vincula a la
pobreza con la corrupción
·
Donde
hay corrupción hay menos inversión,
financiamiento internacional o innovación, establece
La pobreza se origina en
el déficit de derechos, no es su consecuencia sino su causa, aseveró la doctora
Carolina Fernández Blanco al disertar desde España la videoconferencia "La
pobreza como déficit de derechos", como parte del programa del seminario
de Derecho penal, dirigido a 30 conciliadores, secretarios de estudios y
cuenta, así como proyectistas de magistrados del Tribunal Superior de Justicia (TSJ).
La
pobreza se sostiene entre dos déficit de derechos, uno subjetivo, es decir
cuando éstos están reconocidos en las constituciones, leyes o tratados
internacionales, pero no son operativos o efectivos. Un segundo caso es cuando
estos derechos no están reconocidos, explicó la profesora investigadora de la
cátedra Cultura Jurídica, de la Universidad de Girona, situada en la región de
Cataluña, en el noreste de España.
El
segundo pilar sobre el cual se mantiene en equilibrio la pobreza es un déficit
en la estructura del Derecho y en esta, el más importante es el Estado de derecho.
Sostuvo
que a pesar de contar con amplios catálogos de derechos, en el caso de América
Latina el déficit no se da por falta de reconocimientos sino por falta de
operatividad y ésta se traduce en una situación de pobreza, lo que es algo
inaceptable para los países de la zona, especialmente por sus buenas
condiciones de productividad, la cantidad de alimentos que producen, de
hidrocarburos y minería que poseen.
La
doctora en Derecho, Economía y Empresa agregó que si se compara a América
Latina con otras regiones en vías de desarrollo la cantidad de pobres es bastante
menor.
La
marginación social, expuso, está altamente vinculada a la corrupción, porque el
modelo produce pobreza no sólo porque se desvían fondos que podrían ser
destinados a las obligaciones de los Estados nacionales en materia de salud,
educación, infraestructura carretera, sino porque los hospitales construidos,
los servicios de salud, el surtido de medicinas --que es siempre deficiente--,
no se hacen por la máxima calidad o el mejor precio. Y donde hay
corrupción hay menos inversión,
financiamiento internacional o innovación.
Carolina
Fernández Blanco planteó que la pequeña corrupción afecta y pudre más
profundamente la estructura del Estado de derecho en todas sus relaciones,
porque hay mayor disposición de personas a participar en ella e impide que las
personas físicas y jurídicas accedan a derechos y libertades y se goce de la
seguridad que el Estado debe proveer.
Este
tipo de corrupción afecta a todos los países latinoamericanos y se registra cuando
piden a los ciudadanos dinero o algo a cambio de un servicio, un soborno. En
este caso las personas de menos recursos siempre terminan pagando por esta
situación y suman una injustica más a lo que ya soportan.
Fernández
Blanco, quien ha coordinado textos sobre seguridad jurídica pobreza y corrupción,
aseguró que el fortalecimiento del acceso a la justicia es elemental como una
forma de salir de la pobreza, porque de esta manera se puede exigir el cumplimiento de derechos o
denunciar el incumplimiento de obligaciones por parte de las autoridades.
Un
modelo de justicia pensado para combatir la pobreza debería ser ampliamente
accesible y gratuito para todas las instancias, para que las personas pobres
puedan reclamar que se restituyan sus derechos, apuntó.
Manifestó
que el estricto respeto al Estado de derecho es otro de los requisitos mínimos
para combatir la pobreza. Empero esta es la debilidad más grande en América
Latina, no se respeta la ley que puede servir como herramienta para la lucha
contra la pauperización, dijo.
Sin
embargo, el crecimiento económico y el fortalecimiento del Estado de derecho no
son suficientes para combatir la pobreza, indicó la master en Leyes por la
Universidad de Columbia.
Detalló
que es necesario crear políticas públicas encaminadas a hacer efectivos derechos
y obligaciones. Expresó que las estrategias de lucha contra la pobreza deberían
explorar modelos alternativos, creativos, tanto en las políticas públicas como
en el litigio de reclamos. Aseguró que el fracaso de las políticas que se están
implementando se debe a que están sustentadas en la ideología, la ignorancia y
la inercia.
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