Capacitan a peritos de Tabasco
Villahermosa, Tab., 18 de octubre de 2023. No.- 053.
Capacitan a peritos de Tabasco
· El Tribunal Superior de Justicia lleva a cabo foro especializado para integrantes del Colegio de Peritos Valuadores con el que firmó convenio
· Magistrados y jueces participan en encuentro al que asisten ex presidentes de Colegio Nacional de Peritos Valuadores; destacan labor de coadyuvantes en impartición de justicia
Con el reconocimiento a los peritos como coadyuvantes de la labor del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), se llevó a cabo el foro “La actuación del perito valuador ante los órganos jurisdiccionales”, que durante dos días reunió a especialistas en la materia a los que se dio a conocer una nueva metodología para cuantificar el daño moral e intercambiaron ideas con miembros del Poder Judicial y expertos en materia agraria.
Ante los ex presidentes del Colegio Nacional de Peritos Valuadores, José Eduardo Camelo Verduzco y Fidel Álvarez González, así como la coordinadora de Asuntos Jurídicos del gobierno estatal, Karla Cantoral Domínguez, la directora del Centro de Especialización Judicial, Clarissa María Calzada Gurría, indicó que el foro surge del convenio firmado el 19 de septiembre entre el Colegio de Valuadores y el Tribunal Superior de Justicia.
El titular de la institución, el magistrado Enrique Priego Oropeza, está comprometido con la difusión de la cultura jurídica en materia de impartición de justicia y la formación de personal profesional técnico-científico, dijo Calzada Gurría quien enfatizó que para construir una mejor sociedad nos necesitamos mutuamente.
Luego de que la presidente del colegio tabasqueño, Doria María López González, inaugurara los trabajos en el auditorio Antonio Suárez Hernández y destacara el trabajo conjunto del Poder Judicial con la agrupación gremial que integran 50 especialistas en ocho ramas, Fidel Álvarez González, rector de la Universidad Portenta, señaló que esa institución desarrolló un proyecto sólido para valuar el daño moral, el cual oferta mediante una especialidad.
Debemos tener una herramienta que ayude al juez para estimar el quantum indemnizatorio en estos casos, refirió al citar el caso de un empresario ganadero de Zacatecas, acusado sin fundamento y al que siete años después de andar a salto de mata y perder su hato y maquinaria las autoridades dijeron “Discúlpenos, nos equivocamos”, y él, visiblemente molesto, pregunta “¿Voy a comer pedazos de disculpa?”.
En compañía del jefe de la Unidad de Supervisión de Obras del TSJ, José Francisco Olán Morales, representante del magistrado Priego Oropeza, el director general de lo que era el Instituto Universitario de Postgrados en Alta Dirección (IUPAD) aseveró que reparar el daño moral no es borrar sino colocar a la víctima en condiciones de contar con algunos satisfactores de lo destruido.
Y citó los casos de María González Hernández, imputada de estar en un falso retén donde secuestraron al hijo del empresario Alejandro Martí en 2008, o la saxofonista oaxaqueña María Elena Ríos Ortiz, atacada con ácido el 9 de septiembre de 2019 en su casa en Huajuapan de León. En el caso de María González, “¡claro, que tiene que haber una demanda de daño moral y la debe pagar el Estado”, manifestó Álvarez González.
Sostuvo que valuar el daño moral es importante porque contribuye a la justicia y en la medida que haya instrumentos que ayuden a determinar lo justo el valuador de daño moral estaría satisfecho. “Hay tanta injusticia en el quantum a la víctima que en ocasión era simbólico lo que le daban y los abogados que representaban a la víctima ni siquiera podían tener acceso a honorarios justos por el tiempo de servicio”.
En ese tenor, narró el caso del fallecimiento de un joven electrocutado en el hotel Mayan Palace, en Acapulco el 15 de septiembre de 2010, por lo cual la empresa fue obligada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a pagar 30 millones de pesos a los padres de la víctima. Inicialmente el fallo de un juez indicaba que debían desembolsar ocho millones, la empresa turística apeló la sentencia y el monto se redujo a un millón, pero la Suprema Corte determinó que la indemnización ascendía a 30 millones de pesos, un fallo histórico.
Contribuyen a certeza jurídica
Al foro en el que participó Luis García Márquez, profesor de Ciencias Básicas del Instituto Tecnológico de León Guanajuato, se sumaron la jueza Angélica Severiano Hernández, los magistrados Adelaido Ricárdez Oyosa y Samuel Ramos Torres, así como el presidente del Colegio de Abogados en Derecho Agrario y Ambiental del Sureste, Carlos Coral Macossay.
En una segunda jornada de cuatro horas y media desarrollada en el Centro de Especialización Judicial los juzgadores y el abogado especialista abordaron la práctica de los peritos valuadores en juicios mercantiles y penales, además de opciones para mejorarla.
Los jueces requerimos información de calidad para resolver las controversias que se someten al arbitrio de los tribunales cuando se requiere de una prueba que implica un conocimiento especializado, los jueces no somos órganos de prueba, explicó Severiano Hernández quien con 29 años de antigüedad laboral por primera vez interaccionó con peritos y abogados en un encuentro de esta naturaleza.
Recordó que en todos los procedimientos judiciales, desde que inician hasta la ejecución de una sentencia, el juzgador debe verificar que en cada etapa se respeten los derechos humanos.
“Como tribunal, como jueces tenemos la obligación de garantizar esos derechos a los justiciables, a todas las partes que intervienen en los procesos jurisdiccionales, indicó al comentar que con la oralidad mercantil los procesos se han reducido significativamente. Los juicios ordinarios mercantiles han pasado de hasta cinco años en dictaminarse hasta máximo cuatro meses desde que se presenta la demanda, apuntó.
En tanto, Samuel Ramos Torres, magistrado de la sala unitaria especializada en justicia para adolescentes y oralidad para adultos, expuso de manera ágil la importancia de tener el testimonio de los peritos para que el juzgador se acerque a la verdad, dictar el Derecho y lograr la justicia.
Lo único que necesitamos es acercarlos para que estos especialistas pierdan temor y coadyuven con la impartición de justicia, y mejorar las formas en que emiten sus dictámenes, avalúos y peritajes para sostenerlos en una audiencia oral, de manera verbal con ayuda de material visual, detalló.
Destacó la experiencia y calidad moral de los valuadores en Tabasco, y comentó que durante la capacitación dialogó con ingenieros con hasta 30 años de experiencia a los que conoció cuando inició su labor en el Poder Judicial como oficial de partes en 1997. “Lejos de temer y alejarse del sistema oral penal, ellos que tienen experiencia deben acercarse y lo único que deben aprender es la forma sobre cómo conducirse en el juicio oral”.
Finalmente, Carlos Coral Macossay relató que a partir de 1992, en el régimen de Carlos Salinas de Gortari, se establecieron reglas más claras para el ordenamiento de la propiedad en el campo mexicano con la reforma al artículo 27 constitucional, y subrayó que durante los cinco años recientes el programa Sembrando Vida reactivó un poco la economía, la gente está preocupada por ordenar sus propiedades, había desorden total, porque tiene recursos económicos y participación en la vida productiva. Y en ese tenor, la imparcialidad del perito va a contribuir a garantizar la certeza jurídica en el campo, observó.
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