Pugnan por derechos fundamentales de migrantes
Villahermosa, Tab.,
19 de mayo de 2019. No.- 064.
Colombia en la hora actual
Pugnan por derechos humanos de
migrantes
·
Durante Panel internacional sobre protección de derechos
humanos, alertan a autoridades mexicanas sobre problemas migratorios ante el
éxodo de venezolanos hacia Colombia
·
Se ha perdido el sentido de la memoria histórica del
conflicto armado entre las FARC y el gobierno colombiano, advierte la
especialista Nasdy Rocío Cárdenas Rodríguez
A velar por los derechos fundamentales de los migrantes para que éstos no
se sientan como intrusos en los países de tránsito o acogida, llamaron
especialistas de Colombia, quienes
ponderaron la necesidad de privilegiar la justicia para la paz, en el marco del
Panel internacional sobre los medios de protección de derechos humanos y
control difuso de convencionalidad, al que convocó el Poder Judicial de Tabasco.
A invitación del presidente
de la institución, Enrique Priego Oropeza, cinco especialistas del Derecho de México
y Colombia abordaron temas como Las acciones colectivas, La necesidad de volver
a la tradición romanista humanista del Derecho, así como Las implicaciones de
la aplicación de la Ley de justicia y paz en Colombia, y el fenómeno migratorio
venezolano.
Jorge Iván Guerra Fuentes, doctor
en Derecho y especialista en Justicia Constitucional y Tutela Jurisdiccional de
los Derechos, por la Universidad de Pisa, alertó a las autoridades mexicanas
sobre la situación en la frontera con Centroamérica, ante el fenómeno de
inmigración masiva de venezolanos que huyen del régimen de Nicolás Maduro,
calculado hasta noviembre pasado, en un millón de personas, situación en la que
el gobierno de Iván Duque Márquez “ha hecho lo que ha podido”.
Ante jueces, magistrados del Tribunal Superior de
Justicia y consejeros de la Judicatura,
encabezados por Jesús Cecilio Hernández Vázquez, secretario de acuerdos del
tribunal, Guerra Fuentes llamó a respetar los derechos humanos de los
integrantes del “éxodo venezolano”, que se registra “de sopetón”, luego de una
guerra civil de 50 años que terminó con los acuerdos de Paz de La Habana, y del
teatro Colón, en Bogotá, el 26 de septiembre y 12 de noviembre de 2016,
respectivamente.
Es necesario que el migrante no se sienta como un intruso
en el país al que llega, para que se evite pasar por encima de sus derechos, y
por tal, dijo, deben respetarse las disposiciones de los artículos 11 y 13 de
la Constitución colombiana que
establecen los derechos a la vida y a la dignidad, así como privilegiar los
derechos de los niños que deben estar por encima de los de cualquiera y están
contenidos en el artículo 34 de la Carta magna de aquel país.
Guerra Fuentes, miembro de la Asociación Colombiana de
Derecho Procesal Constitucional, consideró que la justicia debe tomar partido y
con sus sentencias los juzgadores deben enviar un mensaje social contundente
para proteger los derechos fundamentales de los inmigrantes que están llegando
a Colombia, principalmente por la zona de Cúcuta, ya que la frontera con Brasil
es selva, mientras los gobiernos de Ecuador y Perú han contenido la oleada de
venezolanos.
Aseveró que la migración es el nuevo reto del Derecho
procesal constitucional, porque como ha ocurrido en su país se ha registrado la
contratación de mano de obra barata a la que pagan menos que a los colombianos,
y es menester garantizarles el derecho a la salud, lo que se complica dado que
la salud en Colombia está en crisis y más cuando llega un número creciente de indocumentados.
Jorge Iván Guerra comentó que en caso de que los extranjeros
legalicen su situación en ese país tendrán garantizado el derecho a votar,
establecido en el artículo 100 constitucional.
Hay que tomar partido y no ver a la migración como un
hecho aislado, para que se pueda atemperar esta situación, indicó el
especialista.
Memoria
histórica a debate
Por su parte, Nasly Rocío Cárdenas Rodríguez, investigadora del Centro de
Estudios Estratégicos y egresada de la Escuela Superior de Guerra de Colombia,
indicó que una vez logrados los acuerdos de paz en 2016 la memoria histórica en
ese país se ha convertido en debate y elemento de la economía naranja --aquella
en que la gente dedica la mayor parte de su tiempo a generar ideas.
“Es archivo, es bandera política y se ha perdido el
sentido de que víctimas y victimarios del conflicto armado entre el gobierno y
las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) deben convivir”, indicó.
Afirmó que la violencia en su país está mutando y la
guerrilla del Ejército Popular de Liberación (EPL) está luchando contra la
disidencia de las FARC en territorios con cultivos ilícitos y minería, mientras
se registran acontecimientos como la reunión de las madres de los soldados
mutilados y las de los guerrilleros en la plaza Bolívar, de Bogotá, en el
tránsito para perdonarse.
Cárdenas Rodríguez, especialista en Relaciones
Internacionales y Estudios Políticos, por la Universidad Militar de Nueva
Granada, se pronunció por la defensa de la jurisdicción internacional para la
paz, por sobre la Ley de Justicia y Paz establecida en 2005, durante el
gobierno de Álvaro Uribe, porque es injusta, dijo, toda vez que no permite
entender el conflicto. Citó el caso de los habitantes de Bogotá estudiados, que
no conocen a la guerrilla ni querían que con los acuerdos de paz sus
integrantes llegaran al Congreso como una fuerza política.
Comentó que para los hombres del campo era un honor
cargar un fusil en las filas de la guerrilla porque el Ejército colombiano no
les permitió ingresar a sus filas, y recordó que Pedro Antonio Marín Marín, mejor conocido
como Manuel Marulanda Vélez “Tirofijo”, el guerrillero más veterano del mundo,
fue víctima de desplazamiento forzado en los años 50 del siglo pasado.
Señaló que con la jurisdicción especial para la paz, el
ex guerrillero de las FARC, Zeuxis Pausias Hernández Solarte, alias Jesús
Santrich, no será extraditado a Estados Unidos, que lo acusado de cargos de
narcotráfico por su asociación con el cartel mexicano de Sinaloa. El jueves
pasado se registró el fallo de primera instancia de un tribunal de paz que
frena la extradición de Jesús Santrich.
Nasly Rocío Cárdenas aseveró que los jueces deben ser
objetivos y si se cumplen los acuerdos con las FARC, que ahora es un partido político, deben
someter a juicio al ex guerrillero y como máximo alcanzará ocho años de
prisión.
La maestra en Derechos Humanos y Derecho Internacional de
los Conflictos Armados e investigadora de la Escuela Superior de Guerra Rafael
Reyes Prieto también se refirió a otra de las aristas que dejó el conflicto colombiano,
el drama de las niñas reclutadas y violadas por los miembros de las FARC los
cuales ahora son congresistas y cuyo drama aún no termina. Relató que algunas
de ellas han reclamado a los ahora políticos cuántos hijos suyos fueron
abortados y cuántas mujeres están criando solas a sus menores.
En 2017, por iniciativa de la senadora Maritza Martínez
los delitos de violencia sexual cometidos contra menores de 18 años en el marco
del conflicto armado colombiano serán llevados ante la justicia ordinaria y no
entrarán en la jurisdicción especial para la paz, que estas mujeres veían como
una oportunidad para además de castigar con penas a los victimarios, hubiera
verdad.
Por todo ello, la ponente se pronunció por realizar la
remembranza objetiva del conflicto que se mantuvo activo durante 50 años en la
Nación sudamericana, que las víctimas obtengan la reparación de daños y se
privilegie la memoria histórica. ***
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