Justicia con perspectiva de género
Villahermosa,
Tab., 10 de septiembre de 2024. No.- 052.
Justicia
con perspectiva de género
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La jueza oaxaqueña Moniveth Shaley López García imparte
curso taller Juzgar con Perspectiva de Género
·
Los juzgadores tabasqueños adquirieron herramientas para
proteger derechos humanos y asegurar calidad de justicia en Tabasco, indica
magistrado Samuel Ramos Torres
En el
ánimo de fortalecer capacidades profesionales y garantizar respeto a principios
de igualdad y no discriminación en resoluciones judiciales, el Tribunal
Superior de Justicia (TSJ), llevó a cabo el curso-taller Juzgar con Perspectiva
de Género. Fundamentos y Análisis de Sentencias con Visión Interseccional,
dirigido a magistrados, jueces y personal jurisdiccional.
El
presidente de la Sala Unitaria Especializada en Justicia para Adolescentes,
Samuel Ramos Torres, expuso que con la capacitación impartida por la jueza de
control del Poder Judicial de Oaxaca, Moniveth Shaley López García, los
miembros de la Judicatura adquirieron herramientas para proteger derechos humanos
y asegurar que la justicia en Tabasco se imparta con una perspectiva de género
sólida y fundamentada.
Al dar la bienvenida a nombre de
presidente de la institución, Enrique Priego Oropeza, Ramos Torres indicó que de
esta manera se robustece el compromiso con la igualdad de género y es un paso
crucial hacia el aumento de la eficiencia del Tribunal Superior de Justicia de
Tabasco.
Recordó
que juzgar con perspectiva de género no es una opción sino una obligación como
garantes de derechos humanos. Los juzgadores tienen como responsabilidad
asegurar que cada resolución sea un reflejo de la justicia que no discrimina y,
por el contrario, protege la dignidad de todas las personas en tiempos en que
la independencia de los servidores judiciales se enfrenta a desafíos que buscan
poner en duda su labor, puntualizó.
A
sus compañeros, remarcó que es fundamental tener presente el papel crucial que
desempeñan como garantes de derechos y libertades de todos los ciudadanos. “Nuestro
deber es mantenernos firmes en la defensa de la justicia imparcial y libre de
influencias para que cada sentencia sea un reflejo de respeto a la Constitución
y los principios que nos rigen”, observó.
El
doctor en Derecho Judicial con 27 años de antigüedad laboral señaló que con el
aprendizaje obtenido durante ocho horas en jornadas desarrolladas el 5 y 6 de
septiembre “estaremos mejor preparados para enfrentar los retos que implica
impartir justicia en un mundo cada vez más consciente de las desigualdades que
persisten, lo cual constituye el compromiso del tribunal”.
Moniveth
Shaley López García, master en Derecho con especialización en litigio oral,
explicó que hablar de interseccionalidad es reconocer categorías de opresión que
sufren las personas y las oportunidades que tienen otras en razón de lo cual se
deben igualar las condiciones. Es decir, todas las personas en el Estado
mexicano tienen ventajas y desventajas, pero hay quienes tienen más unas que
otras.
Refirió
que impartir justicia con interseccionalidad significa que las autoridades
judiciales adviertan cuáles son las condiciones favorables y adversas que
enfrenta cada persona, bien sean víctimas, acusados, imputados, actores,
demandados e incluso defensores o fiscales del Ministerio Público.
Y
una vez se visualice esta situación se ajusten los procedimientos para que las
personas tengan la mayor condición de igualdad posible. “Ninguna persona es
igual a otra y hay una serie de factores que no les son propios, no tienen las
mismas oportunidades que los demás y esta situación se ha generado desde la
sociedad”, asentó.
En
las sesiones llevadas a cabo en el auditorio Antonio Suárez Hernández, López
García manifestó que con el curso los participantes primeramente se ven a sí
mismos como personas que crecieron y conviven en una estructura de violencias, que
pueden ser sociales o familiares. Al identificarlas es posible conocer cómo
influyen al momento de juzgar y se refleja al momento de emitir un resolutivo.
“Todos
crecimos en la estructura de violencia y ¿cómo lo vamos a visualizar? Por
ejemplo, hace muchos años no podíamos hablar de una persona abiertamente
homosexual, porque ya le poníamos adjetivos denostativos. Yo no podía decir ‘Soy
una jueza indígena’ porque probablemente no se me hubiese dado la oportunidad
de serlo, pero no es culpa de alguien en específico, sino de toda una
estructura que reflejamos al momento de impartir justicia y debemos combatir para
mejorar como poderes judiciales y ciudadanía. Y vamos por buen camino”, aseveró.
La
especialista, doctorante en Género y Derecho Procesal por el Centro de Estudios
de Posgrado, expuso que la interseccionalidad es un tema que se está edificando
en México, de hecho la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) solamente
tiene un par de resoluciones donde la menciona. Sólo en dos empieza a
desarrollar la teoría de una aplicación interseccional que tiene que ver con el
artículo 1 constitucional, reformado en 2012.
Afirmó
que a 13 años de la reforma sigue sin cumplirse cabalmente la aplicación de la justicia
con interseccionalidad, ya que requiere el pleno conocimiento de los derechos humanos,
el pan de todos los días de los operadores jurídicos. A los juzgadores corresponde
verificar que este trabajo lo realicen las fiscalías para la protección de las
infancias y las adolescencias, comentó.
Agregó que para los magistrados es sumamente
importante reconocer el lenguaje incluyente, porque de no hacerlo no darían valor
e inclusión a los grupos en situación de vulnerabilidad. Además, dijo, deben
tomarse medidas para la reparación integral del daño, ya sea por una
responsabilidad del Estado o de un particular, como puede ser la comisión del
delito o de un particular, desde una responsabilidad civil.
Detalló
que este taller de análisis se enmarca en el cumplimiento de la sentencia de la
Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) del lejano caso Rosendo Radilla
Pacheco, profesor rural, víctima de desaparición forzada en un retén militar en
Atoyac de Álvarez, Guerrero, el 25 de agosto de 1974.
“Y decimos lejano, porque ya ha pasado más de
una década y seguimos sin cumplir esas sentencias por la falta de acreditación
de las personas operadoras en el derecho, es decir las fiscalías, los poderes
judiciales, las defensorías. Seguimos sin acreditar que tenemos la capacitación
con base en derechos humanos para hacer este tipo de ejercicios y dotar a la
ciudadanía de la protección diferenciada de derechos”, apuntó.
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