Dan comienzo conversatorios sobre Reforma a la Justicia Civil y Familiar
Villahermosa,
Tab., 21 de agosto de 2023. No.-
034.
Dan comienzo conversatorios sobre Reforma a la Justicia
Civil y Familiar
·
Casi un
centenar de funcionarios participaron en el ejercicio profesionalizante
impulsado por el presidente del Poder Judicial, Enrique Priego Oropeza
·
El TSJ
va a implementar un Código de Justicia Digital, se incrementa la cultura de la
transparencia y se refuerzan medios alternos de solución de conflictos
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Magistrados
y jueces destacan participación en conversatorio y la determinación del
magistrado Priego Oropeza para capacitar a recursos humanos
Innovaciones
como la justicia digital, el incremento de la cultura de la transparencia y montos
de medidas de apremio, la supresión de juicios como el de interdicción y el
reforzamiento de la mediación y conciliación, fueron destacadas durante el
Primer Conversatorio sobre el Nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y
Familiares desarrollado por el Poder Judicial como parte del proceso para
aterrizar este cambio de paradigma que deberá estar en pleno vigor en abril de
2027.
Noventa y ocho funcionarios participaron en el ejercicio
profesionalizante, en el que 12 experimentados jueces y magistrados del
Tribunal Superior de Justicia (TSJ) desmenuzaron los dos primeros de diez
libros de la reforma que pone sobre relieve la implementación de la oralidad en
los procedimientos civiles y familiares, reducción de plazos, uso privilegiado
de tecnologías de la información, la supresión del perito tercero en materia
familiar y en este caso la obligatoriedad del Estado para pagar los honorarios
de un perito oficial, con excepción del avalúo sobre bienes.
Asimismo, destacaron que con la entrada en vigor del
Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares quedó abrogada la
competencia de juzgados por cuantía --que en su momento originó la creación de
los juzgados de paz--, y se abolió el incidente de tacha de testigos, con el
que una de las partes en juicio atacaba la idoneidad de los testigos de su
contraparte y se acabó el denominado alegato de oídas.
Ahora los abogados no podrán exponer su versión del caso
a los jueces fuera de juicio, lo que deberán hacer en audiencia citada
previamente, a la que debe acudir también la contraparte.
Ante jueces, secretarios, actuarios y conciliadores, la
magistrada Norma Lidia Gutiérrez García, coordinadora de la Comisión de
Implementación de la reforma, resaltó la determinación del presidente del Poder
Judicial, Enrique Priego Oropeza, para privilegiar la capacitación del recurso
humano, el más valioso que posee la institución, de aquí que “tenemos la
obligación de saber sobre el tema y la magnitud del proyecto” que dio comienzo
con cuatro sesiones de sensibilización.
Apoyo del magistrado Enrique
Priego
En
tres abarrotadas aulas del Centro de Especialización Judicial, Gutiérrez García
--doctora en Derecho, con experiencia en la implementación de la reforma
laboral en Tabasco, Veracruz y Yucatán-- explicó que seis magistrados y seis
jueces expertos en materia civil dieron a conocer las reformas con ayuda de 75
diapositivas de material audiovisual consensuado y aprobado por la comisión de
implementación en la que convergen 20 especialistas.
Para Lucio Santos Hernández, magistrado integrante de la
primera sala civil, lo relevante de la reforma es la utilización de medios
alternos de solución de conflictos, lo que ya ocurría con anterioridad. No
obstante, ahora cobra preminencia porque sin medios alternativos eficientes ni
profesionales la reforma no será exitosa y los juzgados colapsarán por el
cúmulo de expedientes.
El juez civil de Teapa, Trinidad González Sánchez,
ponderó la iniciativa del magistrado Enrique Priego, preocupado por que el
Poder Judicial se mantenga a la vanguardia, con esta reforma apegada al respeto
a derechos humanos y a los tratados internacionales signados por el Estado
mexicano.
Indicó que la capacitación jurídica debe ser permanente.
“Tenemos que estar preparados para cuando en Tabasco inicie el primer juicio
oral en la materia y queda en manos de los operadores jurídicos abrevar de
estos conocimientos”, por lo que los instó a que no les asuste el nuevo Código
de Procedimientos Civiles y Familiares y en su lugar desarrollen nuevas
habilidades, entre ellas el lenguaje corporal, “porque lo que no se diga en la
audiencia probará en tu contra y todo quedará videograbado”.
Es un reto importante, pero con el apoyo que ha brindado
el titular del Poder Judicial será reconfortante traducirlo en la experiencia
práctica que significan los conversatorios, dijo al resaltar la participación
de los servidores judiciales.
En el marco de la capacitación que se prolongó por
espacio de cuatro horas, el juez tercero civil de Comalcalco, Francisco Javier Rodríguez
Cortés, informó que el Tribunal Superior de Justicia va a implementar un Código
de Justicia Digital, ya que, como parte de las actuaciones judiciales, todos
los expedientes se resguardarán por medios electrónicos y se deberá implementar
la firma electrónica avanzada, que ya prevé el código nacional, pero en Tabasco
no se cuenta con ella actualmente.
Detalló que las sentencias definitivas deberán emitirse a
los 15 días siguientes a aquel en que surta efectos la notificación del auto
que ordene la citación y las partes tendrán nueve días para apelar en segunda
instancia contra la sentencia definitiva y cinco días para inconformarse contra
sentencias interlocutorias.
La magistrada Rosalinda Santana Pérez, quien en sus
inicios fungió como actuaria judicial, señaló que el código nacional establece
un incremento en los medios de apremio, con lo que las multas no podrán ser
inferiores a cien ni exceder las 300 unidades de Medida y Actualización, en
razón de lo cual si actualmente una multa es de hasta cuatro mil pesos pasará a
casi 30 mil pesos.
Podrán presentarse testigos con auxilio de la fuerza
pública y en el caso de las correcciones disciplinarias para los miembros del
Poder Judicial podrán ser desde amonestaciones hasta reprensiones verbales,
electrónicas o escritas.
Asimismo, se plantea la expulsión de la sala de
audiencias de quien contravenga las reglas y en caso de que esta persona se
niegue, el juzgador tiene la facultad de decretar arresto hasta por 36 horas.
La jueza sexta familiar, María del Carmen Valencia Pérez,
expuso que con la reforma se apuesta por la conciliación, lo que nos va ayudar
a resolver conflictos y abonar a la paz social. “Se busca que ya no existan las
prácticas dilatorias de las partes, testigos o peritos”, e incluso evitar
acciones para que abogados pretendan que sus expedientes sean tramitados en un
juzgado específico, y con ello lograr un procedimiento ágil y un juicio
efectivo.
Manifestó que la pandemia preparó a los funcionarios para
transitar al sistema de justicia digital, ya que durante ese periodo los jueces
familiares desahogaron audiencias virtuales de juntas de herederos en juicios
sucesorios y no se detuvo el trabajo jurisdiccional.
En particular sobre el artículo transitorio décimo noveno
del código nacional, especificó que se derogó el juicio de interdicción y ahora
se plantea contar con personas de apoyo y salvaguardas para el ejercicio de la
capacidad jurídica de los mayores de 18 años que padezcan una discapacidad.
Hasta antes de la reforma constitucional se tramitaba un
juicio que incluía emplazar al discapacitado con el dictamen de un médico
especialista y su valoración, con una audiencia de pruebas y otra de
conciliación, para, finalmente en la sentencia, decretar que la persona no
existía jurídicamente. Hoy, se determina que el discapacitado pueda ser apoyado
por otra persona y seguir gozando de sus derechos.
El magistrado Leonel Cáceres Hernández, presidente de la
segunda sala civil del TSJ, sostuvo que con ayuda de la tecnología van a ser
más agiles los asuntos, y explicó que para que el código nacional entre en
vigencia el Congreso del estado deberá emitir la declaratoria respectiva lo que
puede ser en cualquier momento antes de 2027.
En tanto, su homólogo Adelaido Ricárdez Oyosa recordó que
la reforma nacional al procedimiento civil se había pospuesto por lo menos
durante 11 años, e incluso Tabasco elaboró un código oral en materia civil y
familiar que quedó terminado y se suspendió su aplicación ante el anuncio de
que se debía hacerse un código nacional. No hay plazo que no se cumpla y
debemos implementarlo de la manera más eficaz, consideró, ya que para
materializarlo es menester la inversión en infraestructura para construir salas
de oralidad y equiparlas con tecnología de punta.
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