Avanzamos en cumplimiento de derechos humanos
Villahermosa, Tab., 15
de junio de 2022. No.-
049.
Avanzamos en cumplimiento
de derechos humanos
·
Presenta el Tribunal Superior de Justicia libro El control de
convencionalidad en la impartición de justicia en México
·
Se busca dar a los
jueces del fuero común herramientas para aplicar control de convencionalidad en
resoluciones judiciales, indican los autores
·
Es necesaria la
convencionalidad para preservar siempre el respeto por los derechos humanos,
indica el magistrado Gregorio Romero Tequextle
A 11 años de la reforma al
artículo 1 constitucional que estableció que en México todas las
personas gozan de los derechos humanos reconocidos en la Carta Magna y los
tratados internacionales, aún falta mucho por avanzar, afirmaron expertos durante la
presentación del libro El control de
convencionalidad en la impartición de justicia en México realizada a
instancias del presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Enrique
Priego Oropeza.
Con
un lenguaje claro y sencillo, el texto publicado por Editorial Laguna, de la autoría de Jorge
Alberto Camacho Pérez, juez de distrito en La Paz, Baja California, y coautoría
del doctor en Derecho Constitucional, Guillermo Nieto Arreola, explica cómo
aplicar y plasmar el control de convencionalidad en las resoluciones judiciales.
Jorge
Alberto Camacho señaló que se trata de dar, sobre todo, a los jueces del fuero
común una caja de herramientas plasmada en el sistema interamericano en materia
de derechos humanos para hacer uso de ellas en casos donde haya una norma inaplicable
al Derecho mexicano, o si el Derecho nacional no resuelve puedan echar mano del
control de convencionalidad y determinar con una mayor amplitud para satisfacer
un derecho humano sin esperar hasta que la justicia federal diga cómo hacerlo.
Por
su parte, Nieto Arreola, quien forma parte de claustro de profesores del Centro
de Especialización Judicial, detalló que la obra busca no haya pretexto en la
administración de justicia ya que todas las normas deben interpretarse a la luz
de los derechos humanos contenidos en la Constitución, pero también en los
tratados internacionales los cuales signó México ni perder de vista que de los 11
casos por los que el país ha sido llevado ante la Corte Interamericana de
Derechos Humanos (CoIDH) sólo uno se ha
ganado y otro empatado.
Los
derechos humanos no tienen que ver con una cuestión de moda, exigen un
equilibrio procedimental, la cuestión es saber manejarlo y este libro en una
propuesta, un método quizá desde el punto de vista teórico sobre cómo aplicar
el control de convencionalidad y respetar en mayor medida los derechos humanos,
abundó ante la magistrada Rosalinda Santana Pérez, quien acudió al auditorio
Antonio Suárez Hernández en representación del magistrado Enrique Priego.
Al
analizar la obra, el presidente de la primera sala penal del Tribunal Superior
de Justicia, Gregorio Romero Tequextle, explicó que cuando los autores hablan
del control de convencionalidad en la impartición de justicia en México están
buscando que este concepto no sea extraño para los juzgadores.
No
obstante, reconoció que todavía falta
mucho por trabajar, en las escuelas de Derecho y en todos los foros donde se debe
hablar de la necesidad de la convencionalidad con la cual se preserve siempre
el respeto por los derechos humanos.
Recordó
que la reforma constitucional del 10 de junio de 2011 se originó a partir de la
condena a México por el caso Rosendo Radilla Pacheco, --maestro rural desaparecido
en un retén militar en Guerrero el 25 de agosto de 1974-- debido a que el
Estado mexicano no hizo la investigación correspondiente para dar con su
paradero e incumplió las obligaciones para quien pedía justicia.
Al
analizar la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la
Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que todas las resoluciones de
esta instancia son obligatorias para la justicia mexicana y por consiguiente
para sus tribunales, de ahí que el Estado mexicano se vio obligado a reformar
la Constitución, especialmente en el artículo 1 y planteó que no sólo se
reconocían los derechos humanos --que ya no garantías individuales-- de dicho artículo,
sino todos aquellos contenidos en los tratados internacionales debidamente
ratificados por el Senado de la República.
De
esa manera, todos los derechos humanos contenidos
en las convenciones y tratados internacionales signados por la Nación pasaron a
formar parte de nuestra propia Constitución, indicó el ex director de la
División de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma de
Tabasco (UJAT).
De
ahí que cuando se tenga que aplicar una ley secundaria el trabajo del juzgador es
verificar que esa norma no contravenga la Constitución ni los tratados
internacionales, es decir el Derecho convencional, puntualizó.
José
Antonio Morales Notario, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos
(CEDH), aseveró que los casos que México ha perdido ante la CoIDH han sido por el
desconocimiento sobre cómo funciona la jurisprudencia interamericana y es
importante señalarlo porque el origen del cambio de paradigma que sufrió el país
en 2011 tiene como objeto principal el estudio del caso de Rosendo Radilla
Pacheco.
Antes
ya se habían presentado tres casos, pero hasta entonces no se había entendido
el alcance y esto llevó a la Suprema Corte a entrar a un análisis profundo para
entender de dónde surgió la obligatoriedad de obedecer el mandato de un
tribunal que no estaba en el país y porque se tenía que cumplir con ciertos
mandatos, como localizar a Rosendo Radilla Pacheco o bien realizar la debida
diligencia para dar con su paradero.
Morales
Notario sostuvo que falta comprender un poco más el sistema interamericano de
derechos humanos y debemos seguir empapándonos de las sentencias que emite la Corte
asentada en San José de Costa Rica. “En México estamos acostumbrados a un
sistema de jurisprudencia o de lectura de tesis aisladas en un buscador
especializado mientras en la Corte Interamericana toda la sentencia es
jurisprudencia y son los criterios que utiliza continuamente para fundamentar
sus fallos”, manifestó.
El
ombudsman tabasqueño observó que en tanto no profundicemos en los casos será
imposible avanzar en el tema porque los juzgadores tienen la facultad de
analizar la Constitución y las convenciones signadas por México para evitar que
se vulneren derechos humanos que constituyen pieza fundamental de un sistema
jurídico que se volverá más justo y democrático conforme lo vayamos respetando,
pero sobre todo, más respetuoso de los derechos de los demás.
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