Analizan derechos de las mujeres
Villahermosa, Tab., 30 de mayo de 2022. No.- 044.
Analizan derechos de las mujeres
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Tribunal Superior de Justicia promueve conversatorio en
el que convergen instituciones de salud y de procuración y administración de
justicia
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Tabasco ocupa segundo lugar nacional en embarazos
infantiles, precisa la Secretaría de Salud
Para fortalecer acciones de concienciación
sobre derechos humanos, el Poder Judicial auspició el conversatorio
Obligaciones, efectos y alcances de la acción de inconstitucionalidad 148/2021,
relativa a la penalización del aborto, en el que se propuso la adopción de
acciones urgentes a favor de las mujeres en prisión preventiva por la comisión
de delitos relacionados con la interrupción del embarazo.
A nombre del
presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Enrique Priego Oropeza, el
magistrado Lorenzo Justiniano Traconis Chacón consideró el tema de suma relevancia pues se busca concienciar
a los servidores judiciales sobre el respeto y protección de los derechos
humanos de las mujeres, que merecen un trato digno.
Por ello,
señaló deben emitir resoluciones que atiendan los principios pro persona, de presunción
de inocencia y no discriminación, con los que se favorezca a las mujeres que se
enfrenten una investigación en libertad o en prisión preventiva por haber interrumpido su
embarazo, para que queden en libertad inmediatamente.
Irma Salazar
Méndez, titular de la Unidad de Igualdad de Género y Derechos Humanos del TSJ, aseguró que en este tema todos los días
se avanza y se reconocen los derechos de las mujeres. Tan sólo el 24 de mayo pasado
el pleno de Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) reconoció la
constitucionalidad de disposiciones que permiten el acceso a los servicios de
salud para el ejercicio del derecho de las mujeres, niñas, adolescentes y las
personas con capacidad de gestar a la interrupción del embarazo en caso de
violación.
Es indudable
que estas resoluciones tienen un impacto importante en las entidades
federativas y en la vida de las mujeres, mientras que, de manera general, para
el Tribunal Superior de Justicia, brindan nuevos elementos de valoración para
la construcción de un nuevo andamiaje institucional en el que la protección y
garantía de los derechos humanos sexuales y reproductivos de las mujeres, se
redimensionan, observó.
En el
encuentro participaron como ponentes la jueza de control y tribunal de juicio
oral, Griselda Reyes Campos; Javier Vidal Cornelio, director de Delitos Comunes
de la Fiscalía General de la entidad, y Laura Alejandra Gómez Olmedo, jefa del Departamento
de Salud Sexual y Reproductiva de la Secretaría de Salud.
Ante pronunciamientos
de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la doctora Laura Alejandra Gómez
Olmedo afirmó que como sociedad tenemos una deuda histórica con las niñas,
adolescentes y mujeres porque Tabasco ocupa el segundo lugar a nivel nacional
en embarazos infantiles, un tema no menor, pues aunque no hay estadísticas
exactas se estima que cada año 300 menores de entre diez y 14 años son madres,
que no saben que están en una situación de abuso sexual y la sociedad y el Estado
están siendo omisos al permitir que niñas críen niños.
Se les
coloca en una situación de vulnerabilidad, de ahí la necesidad de abordar el tema de la
despenalización porque ellas deben saber que tienen el derecho de interrumpir
un embarazo en una situación como esa o porque están truncando un proyecto de
vida. “Por supuesto que accederían a esto, no estoy diciendo que todas, pero un
porcentaje lo haría”, apuntó.
Gómez Olmedo
urgió actualizar el Código Penal de Tabasco que establece que la violación es
una de las causales para la interrupción del embarazo, pero no estipula hasta
qué semana después de la concepción, ya que esta laguna legal genera una
reacción cautelosa del personal de ginecología y obstetricia debido a que este ordenamiento
no está actualizado y siempre hay cierto temor sobre las consecuencias
jurídicas, aseveró.
Agregó que
el conversatorio promovido por el Tribunal Superior de Justicia es también la
oportunidad para llevar el tema al Congreso del estado y atender las
obligaciones que la Suprema Corte de Justicia ha establecido en materia de
salud para la despenalización del aborto.
Indicó que es
menester desestigmatizar la palabra aborto, vocablo al que está acostumbrado el
personal médico. Es parte de la formación de la carrera y según las
estadísticas entre 20 y 25 por ciento de
los embarazos naturales, ya sean deseados o no deseados, planeados o no
planeados, terminan en aborto y en un porcentaje de ese 25 por ciento la mujer
ni siquiera se da cuenta de la interrupción del embarazo.
Hay abortos
espontáneos debido a cuestiones médicas, autoinmunes y por muchísimas otras situaciones
médicas debido a los cuales las mujeres sufren la interrupción del embarazo de
manera espontánea. Y también hay abortos inducidos que son los que están
sujetos a revisión legal, manifestó.
Con la
magistrada penal Guadalupe Cadena Sánchez como moderadora, Javier Vidal
Cornelio, director de Delitos Comunes de la Fiscalía General del Estado, sostuvo
que este tema controversial causa división entre la sociedad entre los que
apoyan el aborto y quienes no lo hacen.
No obstante,
la Suprema Corte de Justicia ya se ha pronunciado e invalidado normas estatales
que violan derechos, autonomía y la libertad reproductiva a las mujeres al
criminalizar a todas aquellas quienes deciden no continuar un embarazo.
Estableció
que el tema central de esta acción de inconstitucionalidad, 148/2021, es la
libertad de decidir de la mujer o de la persona gestante, lo que significa una
llegada de madurez en la interpretación de los derechos humanos de este sector
de la población que esta fundamentada en la libertad al libre desarrollo de la
personalidad, la libertad sexual, bajo los principios de igualdad y no
discriminación entre hombre y mujeres. Al criminalizar el aborto se estaría
cayendo en un error de origen pues la libertad de decidir está protegida por la
Constitución mexicana, dijo.
Vidal
Cornelio mencionó que la interrupción del embarazo se debe analizar sin
estereotipos, sin cuestiones de religión, apartada de la moral y únicamente
bajo estricto Derecho y con perspectiva de género.
Un largo recorrido por defender derechos
Griselda Reyes Campos¸ jueza de control y
tribunal de juicio oral, recordó que la
despenalización del aborto en México ha sido un largo proceso, una lucha de más
de cien años. Relató que la primera
propuesta se registró en 1920 y posteriormente, tras intentos que no
prosperaron, 21 estados incluyeron en 1997 cuatro causales para aprobar un
aborto en sus códigos penales.
Esto es, por
motivo de una violación, porque ponga en
riesgo la salud de la madre, por un inminente peligro de muerte y por una
inseminación no deseada. Hasta 2007 el entonces Distrito Federal fue el primero
en despenalizar el aborto y estableció que la mujer no debe tener ninguna de
las causales anteriores sino que este podría darse por el simple hecho de no
desear continuar el embarazo.
Este hecho generó
que grupos conservadores iniciaran reformas a las constituciones de l8 estados
para proteger la vida desde el momento de la concepción lo que significó un
retroceso pues muchos lo consideraban un candado para la total despenalización
del aborto.
En 2021 se registró
un avance más significativo cuando cuatro estados despenalizaron el aborto,
Hidalgo, Coahuila, Baja California y Colima, y este año se sumaron dos más,
Sinaloa y Guerrero. Actualmente nueve entidades no sancionan penalmente esta
conducta.
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