Necesaria mayor coordinación para proteger a víctimas de violencia
Villahermosa, Tab., 27 de junio de 2021. No 037.
Entre autoridades y sociedad
Necesaria mayor coordinación para proteger a víctimas de violencia
· El magistrado Samuel Ramos Torres imparte taller Las órdenes de protección en el contexto de los derechos de niñas, niños y adolescentes
· Más de 70 por ciento de las mujeres que sufren violencia no buscan apoyo institucional ni presentan demandas, refiere
Ante el mínimo indicio de agresión a un infante o adolescente, es menester elevar la nota de protección de manera inmediata, porque para recuperar, restablecer y restaurar la seguridad del menor de edad se necesita el apoyo de de los padres, la sociedad, la comunidad, y por supuesto, del aparato de justicia, puntualizó el magistrado Samuel Ramos Torres, al aseverar que de esta manera se privilegia el interés superior de la niñez.
El magistrado de la Sala Unitaria Especializada en Justicia para Adolescentes y Oralidad para Adultos impartió el taller Las órdenes de protección en el contexto de los derechos de niñas, niños y adolescentes en el marco de la capacitación que en materia de procuración de justicia digna, con enfoque en perspectiva de género e interés superior del menor realiza el Poder Judicial, a instancias del magistrado presidente Enrique Priego Oropeza.
Ramos Torres destacó la importancia de girar órdenes de protección mediante las cuales se adopten acciones urgentes para garantizar seguridad a las víctimas de violencia, en este caso, las mujeres, pero igualmente a víctimas indirectas como niñas, niños y adolescentes, sobre todo cuando el o la menor sufre abuso sexual cuando queda solo, a quien sufre violencia psicológica, moral o anímica, por lo que las órdenes o medidas de protección deben emitirse inmediatamente.
Mencionó que, sin temor a equivocarse, entre 60 ó 70 por ciento de los juicios orales, cuando el agresor de un menor es pareja de la víctima, ésta protege al culpable no al menor. “Es ahí donde ya no se puede tener una verdadera declaración de parte de los niños, niñas y adolescentes, y consideramos necesario que pueda ser separado, incluso de su propia progenitora, para dar mejores resultados en una audiencia, en la que debe fluir la verdad”, de ahí la importancia de estas medidas de protección.
El maestro en Administración de Justicia con 23 años de antigüedad laboral en el Poder Judicial hizo especial énfasis en qué momento y qué porcentaje debe quitarse el resguardo que tenga la madre, la custodia de la víctima que ha resentido el hecho, y subrayó que esto debe hacerse en todos los casos con indicios de que existe una relación sentimental entre la progenitora del infante y el agresor del mismo.
Reflexionó que los índices de agresión contra menores ocurren principalmente debido a tres circunstancias: porque no existe conciencia por parte de las personas que permiten esas conductas sobre el daño que están ocasionando; no existe la infraestructura adecuada, ni los recursos humanos para detectar dónde se están dando este tipo de circunstancias, y a que hay un involucramiento económico y de interés por parte de las personas que están permitiendo esas conductas.
Explicó que quienes permiten la violencia “reciben algún tipo de beneficios o ganancias y desafortunadamente, en un buen número es de índole económico y por muy bajas cantidades. Son hechos que se encuentran debidamente establecidos en infinidad de audiencias y de juicios que se promueven”. Estos tres aspectos imposibilitan la protección del menor y hacen necesaria la intervención de la autoridad, apuntó
El especialista en Derecho Penal indicó que el infante o adolescente debe sentir seguridad, independientemente del tipo de sentencia que se obtenga, ya sea absolutoria o condenatoria, que no es el factor más relevante.
“Lo más importante es que tuviera el resguardo, el apoyo y la seguridad de que hay personas que sí están preocupadas por él, que sí le creen, que no están tirando al vacío sus palabras, sus sentimientos, su situación y los abusos de los que ha sido objeto, y que le están dando real importancia. Es aquí donde se requería el apoyo de progenitores, la sociedad, la comunidad, y por supuesto, del aparato de justicia”, aseveró.
Resaltó que cuando el niño, niña o adolescente observa y puede palpar que sí cuenta con respaldo, él entonces podrá tener la seguridad de recuperar sus valores, su identidad, su sentimiento de pertenencia a una sociedad que lo respeta, a una familia que lo respalda y eso sí que ayuda para regenerar en el menor un estado adecuado para el normal desarrollo biológico, psicológico, social y aún espiritual.
El magistrado Samuel Ramos consideró que se deben identificar todos los factores intervinientes para que funcione la protección en este sector de la población, y agregó que “es un gran avance tener presentes en las conferencias a personal de la Fiscalía General de Tabasco porque con ellos se registrarán los primeros encuentros que tendrá un menor para poner en conocimiento la situación que le esté agravando su circunstancia
Además, la Procuraduría Estatal de Protección de Familia y de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes lleva a cabo una labor muy importante --lo que antes se denominaba Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia-- ya que hoy se vincula con el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (Sippina), que estableció un protocolo sobre cómo estar pendientes de menores y adolescentes que requieran asistencia social.
Entre otros aspectos, el protocolo refiere que cuando estén ante una situación de esta calidad delictiva se haga del conocimiento del Ministerio Público; si existe necesidad de proteger al niño, niña o adolescente se requiere buscar incluso algún albergue temporal, donde se le pueda dar toda la asistencia debida, y brindarle acompañamiento en todo momento, ya sea ante otras autoridades administrativas e incluso órganos jurisdiccionales para resolver y atender su problema.
“Por supuesto que el Instituto Estatal de la Mujer tiene un papel importante, porque en la medida en que se protege a las mujeres como víctimas directas, se protege también a las víctimas indirectas, que son los hijos y las hijas”, precisó.
Expresó que con la presencia de representantes de estas instancias en estos foros académicos se puede mejorar la coordinación interinstitucional, porque no es únicamente a nivel teórico, sino que se puede mezclar con la práctica. Son conocedores, únicamente tenemos que tomar mayor conciencia y visibilizar los aspectos que sí se están dando y deben seguirse atendiendo, dijo.
El magistrado Ramos Torres discurrió que el hecho de estar en los primeros rubros de entre más de 30 entidades federativas significa que hay mucho trabajo que hacer todavía, y eso no es únicamente a nivel de órganos jurisdiccionales, de Fiscalía o del Poder Judicial, sino que debe atenderse de manera preventiva, desde la educación que se da en escuelas, en hogares, en programas de visitas para ver qué está sucediendo en cada domicilio, porque con la pandemia originada por el virus SARS-CoV-2 se han estado elevando los niveles de stress, de tensión por las circunstancias laborales y económicas y quienes están llevando el pago más fuerte son mujeres e hijos.
Reveló que de acuerdo a estadísticas de la Organización de Naciones Unidas (ONU) en Mexico durante 2020 se tiene un registro anual de 115 mil 614 llamadas de emergencia recibidas por delitos de agresión. En marzo se recibieron 22 mil 628 llamadas, 23 por ciento más en comparación con febrero y 33 por ciento más que en enero. Es decir, cada mes, las llamadas de auxilio se incrementaron diez por ciento.
“Es ahí donde urge planificar y desarrollar, en mayor escala la labor de prevención que se está haciendo, pero necesitamos hacer más, y por qué me atrevo a decir que se necesita hacer más, pues por el simple hecho de las estadísticas que se están dando, que tenemos un sexto lugar (en agresiones), por supuesto que algo debe hacerse”, manifestó.
Expuso también que el hogar es el lugar más peligroso para una mujer y sus hijos pero más de 70 por ciento de las mujeres que sufren violencia no buscan apoyo institucional ni presentan demandas, y comentó que a algunos abogados no les gusta que él tenga bajo su jurisdicción sus carpetas, porque eleva la nota de protección de manera inmediata y urgente, porque se trata de agresores.
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