Robustecen diálogo para mejorar justicia para adolescentes
Villahermosa, Tab., 20
de septiembre de 2020. No.- 076.
Robustecen diálogo para mejorar justicia para adolescentes
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Convoca
Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia a incrementar trabajo conjunto
de tres órdenes de gobierno
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Vía
remota, autoridades
federales y estatales analizan sistema de protección integral de niñas, niños y
adolescentes, enfoque para garantizar derechos humanos y coordinación
interinstitucional
La Asociación Mexicana
de Impartidores y Operadores de Justicia en Materia de Adolescentes convocó al Diálogo entre sistemas de protección integral
de este sector de la población, y destacó que para el Estado mexicano es prioritario lograr
la plena la reinserción social de infantes y jóvenes en conflicto con la ley,
pero se requiere del trabajo conjunto de los tres órdenes de gobierno.
Por ello,
el Sistema de Protección Integral para Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna) y
la asociación mexicana se comprometieron a incrementar espacios de comunicación
entre los sistemas de justicia y de protección de la infancia y adolescencia,
con la finalidad de robustecer políticas públicas --tal como ocurrió en Tabasco
el 20 de febrero pasado--, y revisar el plan de estudios de la especialidad en
justicia para adolescentes.
En febrero, durante la segunda sesión ordinaria
del Sistema de Protección Integral, la
titular del DIF Tabasco, Dea Isabel Estrada de López, expresó que se debe privilegiar
el respeto de los derechos de los menores a tener educación, salud, un trato
digno, cuidados diarios y atención a sus actividades, y agradeció al Poder
Judicial, encabezado por el magistrado Enrique Priego Oropeza, y el resto de
las instituciones, el trabajo incondicional realizado en pro del desarrollo de este
segmento poblacional.
En esa ocasión se crearon la Comisión para la Primera
Infancia, que abonará a un sistema de protección con enfoque de derechos, que
encuadren oportunidades de los infantes desde su gestación hasta los seis años,
y la Comisión Especial de la Procuraduría de Protección de Derechos de Niñas,
Niños y Adolescentes, tanto estatal como municipal, que procurarán la
protección integral de este sector vulnerable.
Consolidar Ley Nacional de Justicia Penal para Adolescentes
En el diálogo efectuado
vía remota, en el que
participaron autoridades federales, de las secretarías ejecutivas de los sistemas
de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes estatales, jueces y
magistrados de entidades federativas, se abordaron temas como el enfoque para
garantizar derechos humanos en la justicia especializada y la coordinación
interinstitucional para consolidar la Ley Nacional del Sistema Integral de
Justicia Penal para Adolescentes.
En
representación del Poder Judicial de Tabasco, el juez Gilberto Melquiades
Miranda Díaz resaltó el compromiso del magistrado Enrique Priego con la
justicia para adolescentes, y señaló que es elemental garantizar los derechos
humanos de los menores sometidos a un proceso judicial, ya que de esto depende
cómo responderán en el futuro. “Si tenemos ese cuidado en una etapa crucial de
su desarrollo lógicamente que vamos a tener personas productivas, que van a
funcionar en sociedad y con ello abatimos la inseguridad, la delincuencia
juvenil”, sostuvo
Con ello
se da cumplimiento a la Convención sobre los Derechos del Niño --tratado
internacional de las Naciones Unidas, firmado en 1989 y en vigor desde el 2 de
septiembre de 1990-- y otros tratados que México ha suscrito donde se establecen
lineamientos del sistema integral de justicia juvenil. Éste requiere el
establecimiento de unidades especializadas en la policía, la judicatura, el
sistema judicial y la fiscalía y la disponibilidad de defensores u otros
representantes para asistir adecuadamente a los menores de acuerdo a su edad.
Miranda
Díaz, juez de tribunal de enjuiciamiento para adolescentes, aseguró que el
sistema ha permitido disminuir los índices delictivos. Refirió que en
comparación de 2017 en la actualidad de cada diez delitos en Tabasco tres son
cometidos por jóvenes. Hace tres años cuatro de cada diez ilícitos eran
perpetrados por adolescentes, en su mayoría robo en sus diferentes modalidades,
lesiones y violación, entre otros.
La primera Encuesta Nacional de Adolescentes en el Sistema
de Justicia Penal indica que 37.8 por ciento de los adolescentes sancionados en este
sistema fue acusado por el delito de robo,
16.8 por ciento por homicidio, 12.5 por violación y 9.0 por ciento por lesiones,
entre otros.
El juzgador tabasqueño consideró debe haber un
cambio de mentalidad y apuntó que las medidas sancionatorias que se disponen en
la ley nacional para adolescentes son de
carácter socioeducativo y no punitivo. Es decir, las medidas buscan socializar
y educar a ese menor involucrado en una conducta delictiva para evitar que
reincida.
Hasta 2017, 82.2 por
ciento de los adolescentes atendidos mediante el sistema de justicia
penal había recibido al menos una medida sancionatoria.
De esa cifra, 78.8 por ciento recibió
medidas de
sanción no privativas de la libertad, y el resto, medidas de sanciones privativas
de la libertad y de estancia domiciliaria.
En estos casos --dijo-- si lo que se busca es
reintegrar a ese niño, niña o adolescente todas las instituciones deben
trabajar para garantizar que reciban atención en salud, educación, que se les
busquen familias de acogida en caso de no tenerla, porque de eso dependerá que
no reincidan en una conducta delictiva. “Si se les garantizamos su educación, buena
alimentación, estar pendientes de su salud, todo lo que sus derechos
representan de manera integral, lógicamente que cuando salga esa persona
podemos asegurar que no va a cometer un delito, y si lo comete no será tan
grave o con saña”, comentó.
En 2017,
de acuerdo a la Encuesta Nacional de
Adolescentes en el Sistema de Justicia Penal, 96.5 por ciento de los jóvenes que cumplía internamiento como
sanción, manifestó que una vez cumplida esta pena podría reinsertarse laboralmente,
y el resto estimó volver a la escuela.
En Tabasco solamente tres de cada diez jóvenes reinciden en la comisión
de un delito.
Miranda
Díaz aseveró que el Estado mexicano registra 85 por ciento de cumplimiento
respecto al trato y respeto de los derechos humanos que se debe tener con
niñas, niños y adolecentes, pero aún falta mucho por hacer.
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