Reforma laboral avanza a contrarreloj
Villahermosa, Tab., 23 de
septiembre de 2019.
No.- 118.
Reforma
laboral avanza a contrarreloj
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Héctor
Arturo Mercado López, magistrado de circuito, advierte necesidad de capacitación rigurosa a quienes
se harán cargo de la reforma laboral
·
Afirma
que debe garantizarse a los trabajadores de juntas locales de Conciliación su
paso a los poderes judiciales y dotar a éstos de presupuesto suficiente para la
implementación de la reforma
·
Reconoce
esfuerzo del Tribunal Superior de Justicia tabasqueño para profundizar el
análisis de estos temas
El primer enemigo de la
reforma laboral ha sido el tiempo, porque le faltó mayor consenso y reflexión
para hacer una ley con visión de Estado y sentido de equilibrio, aseguró Héctor
Arturo Mercado López, magistrado de circuito y maestro en Derecho Procesal del Trabajo,
al impartir la conferencia El Nuevo Derecho
Procesal del Trabajo, a miembros de los poderes Ejecutivo, Legislativo y
Judicial, así como el foro de abogados.
Afirmó que el cambio que viene es brutal, porque se
modificaron principios y cambiarán las
conductas y la cultura y se debe aprender de ello. “Quienes van a estar
involucrados en el proceso deben capacitarse, volver a estudiar Derecho Social,
Derecho del Trabajo, Derecho a la Seguridad Social, Derecho Procesal, y abordar
otras materias como oralidad, argumentación, retórica, mecanismos de mediación
y de conciliación, para entender la importancia del juicio que van a enfrentar.
Solamente de esta manera se podrá crear un procedimiento laboral digno, justo
para ambas partes, protector para patrones y trabajadores”, dijo.
Por
ello, reconoció el esfuerzo del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) para
analizar los alcances de las reformas y confió en que se continúe y profundice.
Apuntó
que si todos los involucrados en el proceso, de los poderes Judicial y
Ejecutivo en los ámbitos federal y local llegaran a un acuerdo para generar el
proceso de capacitación que los lleve a la excelencia, se podrá construir un
proceso laboral digno.
Ante
magistrados del tribunal tabasqueño, encabezados por el doctor Gregorio Romero
Tequextle, el ex asesor técnico de la Dirección General de Empleo de la
Secretaría del Trabajo y Previsión Social relató que la reforma laboral ocurrió
debido a presiones internacionales, porque el gobierno de Enrique Peña no tenía
intención de hacerla. Pero al tratar de que la Nación formara parte del Tratado Integral y
Progresista de Asociación Transpacífico fue una de las condiciones que
impuso Estados Unidos.
El
gobierno norteamericano expuso que durante más de 40 años México había creado
competencia desleal al mantener mano de obra muy barata, disfuncional, fuerza de trabajo que no contaba
con mecanismos de defensa colectiva, un sistema de justicia hecho pedazos,
abandonado, sin suficiente personal,
capacitación ni presupuesto, y una inspección debilitada carente de facultades ni
suficientes inspectores.
Según
esta visión, los tres elementos que servían para la vigilancia de la legalidad
laboral en México --los sindicados, la inspección laboral y el sistema de
justicia--, no funcionaban para la defensa de los trabajadores como marca la
ley. Además, con pocos tribunales que no garantizaban el respeto a los
principios del artículo 27 constitucional, mal pagados, imposibles de hacerse
cargo del sistema procesal, donde los juicios que deberían resolverse en seis
meses se prolongaban más de cuatro años.
El
maestro por el Centro de Estudios de Posgrado indicó que este panorama exigió emprender
una reforma de gran calado con varios objetivos esenciales. Desde el punto de
vista colectivo, que se garantizara el ejercicio de la democracia sindical,
promoviera la negociación colectiva auténtica y esa garantía del ejercicio
pleno de los derechos colectivos se materializara a través del voto personal,
publico, directo y secreto. Finalmente, que al garantizarse una negociación auténtica
mejoraran las condiciones de trabajo.
El
magistrado de circuito, quien ha ocupado cargos dentro del Poder Judicial de la
Federación, explicó
que de 1977 a la fecha el salario mínimo perdió 80 por ciento de su poder adquisitivo.
Y como esa fue la tendencia, el gobierno impactó la negociación colectiva y
provocó que en conjunto los contratos colectivos descendieran en su capacidad
de generar mejores salarios para los trabajadores.
Refirió
que lo que antes se construía con un salario mínimo, hoy se debe hacer con dos
o tres. Para comprar todo que comprábamos en 1977 hoy tendríamos que ganar más
de 400 pesos diariamente. “Eso da una idea de que la curva descendente y el
abandono de los trabajadores fue generando la pobreza que tenemos hoy. Con 60 por
ciento de la fuerza del trabajo en la formalidad y millones de trabajadores en empleos
formales, pero sin las garantías de seguridad social ni registros fiscales adecuados.
De
ahí que --estableció Mercado López-- el país tiene la necesidad de aumentar las
condiciones de vida tan depauperadas de la clase trabajadora, pues el salario mínimo está por debajo de la
línea de pobreza aun con el aumento a 102 pesos decretado por el gobierno
federal. De acuerdo a la ley el salario mínimo deber garantizar una vida óptima
a la familia del trabajador, en cuanto a vestido, salud, educación,
alimentación, pero hace muchos años el salario mínimo abandonó ese objetivo,
consideró.
No puede ser cualquier juez
El especialista, quien ha
colaborado en investigaciones como la denominada Costo de la Mano de Obra en
México a partir de la Normatividad Laboral, y Procedimientos Colectivos Laborales
y Derecho de Amparo, sostuvo que se requiere un sistema de justicia auténtico
de administración de justicia. Y esto va a depender del presupuesto, selección
y capacitación de personal, infraestructura y sistema de cómputo de que se dote
a la justicia laboral.
Por
esta razón, explicó, hay metas jurídicas para garantizar el funcionamiento
adecuado del sistema, responsabilidades para el Poder Federal pero también para los poderes locales.
Detalló
que los poderes ejecutivos locales deben crear centros de conciliación y es
menester que los tribunales cuenten con el suficiente presupuesto,
instalaciones mínimas, un sistema digital interconectado con el sistema
nacional, así como llevar a cabo procesos de capacitación profunda y selección rigurosa de jueces y secretarios e instructores.
Ese es el modelo ideal en todo el país, dijo.
Observó
que el juez no puede ser cualquier juzgador.
Debe ser un líder, un obsesionado de la verdad, profundo conocer del Derecho
social, del Derecho laboral, con cultura por encima del promedio, saber en qué
escenario está tomando decisiones de Derecho social. Aseveró que también deberá
ser un juez estudioso, reflexivo, valiente, que asuma su autonomía e
independencia plena, porque estará a la vista de todos.
Héctor Arturo Mercado mencionó que hay tomar muy en cuenta
que Estados Unidos condicionó la ratificación del Tratado de Libre Comercio
entre México, Estados Unidos y Canadá a que efectivamente se esté llevando a
cabo la reforma laboral, lo que no es bueno porque si el gobierno de Donald
Trump considera que no se está haciendo bien van a empezar las presiones
internaciones.
Por
ello, las instituciones que se creen deberán responder de una manera diferente,
porque de lo contrario las sanciones
generales para el país serán peores, advirtió.
Durante
su disertación, el magistrado de circuito pidió que en todo este proceso no se
deje de lado al personal de las juntas locales, al se le debe dar certidumbre
jurídica y pedirle que termine con rapidez los asuntos en trámite, que lo haga
bien, que se le dote de suficiente presupuesto. Y una vez que los capaciten se
les garantice ingresar al Poder Judicial, por lo menos a un puesto similar al
que tienen en cuanto al salario, de lo contrario estos organismos podrían prolongar
la transición al nuevo sistema más de seis años. Una de las ventajas, comentó,
es que hay pocos trabajadores. A nivel federal son mil 600 trabajadores que
atienden 450 mil asuntos.
Por
último, resaltó que la clave de todo está en la capacitación. Y de aquí a que se
abran los tribunales laborales y el centro de conciliación los poderes judicial
locales deberán auxiliarse de las universidades públicas y privadas para
elaborar un programa común de estudios.
Reveló
que todos, sin importar su experiencia deberán ponerse a estudiar porque el
cambio es profundo y donde es menester los involucrados sean grandes
conciliadores, profesionales. Y si tienen que enfrentar el conflicto sabrán litigar,
con la seguridad de que cuentan con una organización preventiva y capacidad de
prueba, suficientes para soportar las cargas que impongan las leyes. Asimismo,
tendrán que demostrar la suficiente habilidad y conocimientos para desarrollar
el interrogatorio libre, para ofrecer pruebas y objetar los de sus contrapartes.
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