Villahermosa, Tab., 23 de septiembre de 2019.                                 No.- 118.

Reforma laboral avanza a contrarreloj

·        Héctor Arturo Mercado López, magistrado de circuito, advierte  necesidad de capacitación rigurosa a quienes se harán cargo de la reforma laboral

·        Afirma que debe garantizarse a los trabajadores de juntas locales de Conciliación su paso a los poderes judiciales y dotar a éstos de presupuesto suficiente para la implementación de la reforma

·        Reconoce esfuerzo del Tribunal Superior de Justicia tabasqueño para profundizar el análisis de estos temas

El primer enemigo de la reforma laboral ha sido el tiempo, porque le faltó mayor consenso y reflexión para hacer una ley con visión de Estado y sentido de equilibrio, aseguró Héctor Arturo Mercado López, magistrado de circuito y maestro en Derecho Procesal del Trabajo, al impartir  la conferencia El Nuevo Derecho Procesal del Trabajo, a miembros de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como el foro de abogados.

         Afirmó que el cambio que viene es brutal, porque se modificaron  principios y cambiarán las conductas y la cultura y se debe aprender de ello. “Quienes van a estar involucrados en el proceso deben capacitarse, volver a estudiar Derecho Social, Derecho del Trabajo, Derecho a la Seguridad Social, Derecho Procesal, y abordar otras materias como oralidad, argumentación, retórica, mecanismos de mediación y de conciliación, para entender la importancia del juicio que van a enfrentar. Solamente de esta manera se podrá crear un procedimiento laboral digno, justo para ambas partes, protector para patrones y trabajadoresâ€?, dijo.

Por ello, reconoció el esfuerzo del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) para analizar los alcances de las reformas y confió en que se continúe y profundice.

Apuntó que si todos los involucrados en el proceso, de los poderes Judicial y Ejecutivo en los ámbitos federal y local llegaran a un acuerdo para generar el proceso de capacitación que los lleve a la excelencia, se podrá construir un proceso laboral digno.

Ante magistrados del tribunal tabasqueño, encabezados por el doctor Gregorio Romero Tequextle, el ex asesor técnico de la Dirección General de Empleo de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social relató que la reforma laboral ocurrió debido a presiones internacionales, porque el gobierno de Enrique Peña no tenía intención de hacerla. Pero al tratar de que la Nación formara parte del Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico fue una de las condiciones que impuso Estados Unidos.

El gobierno norteamericano expuso que durante más de 40 años México había creado competencia desleal al mantener mano de obra muy barata,  disfuncional, fuerza de trabajo que no contaba con mecanismos de defensa colectiva, un sistema de justicia hecho pedazos, abandonado, sin suficiente  personal, capacitación ni presupuesto, y una inspección debilitada carente de facultades ni suficientes inspectores.

Según esta visión, los tres elementos que servían para la vigilancia de la legalidad laboral en México --los sindicados, la inspección laboral y el sistema de justicia--, no funcionaban para la defensa de los trabajadores como marca la ley. Además, con pocos tribunales que no garantizaban el respeto a los principios del artículo 27 constitucional, mal pagados, imposibles de hacerse cargo del sistema procesal, donde los juicios que deberían resolverse en seis meses se prolongaban más de cuatro años.

El maestro por el Centro de Estudios de Posgrado indicó que este panorama exigió emprender una reforma de gran calado con varios objetivos esenciales. Desde el punto de vista colectivo, que se garantizara el ejercicio de la democracia sindical, promoviera la negociación colectiva auténtica y esa garantía del ejercicio pleno de los derechos colectivos se materializara a través del voto personal, publico, directo y secreto. Finalmente, que al garantizarse una negociación auténtica mejoraran las condiciones de trabajo.

El magistrado de circuito, quien ha ocupado cargos dentro del Poder Judicial de la Federación, explicó que de 1977 a la fecha el salario mínimo  perdió 80 por ciento de su poder adquisitivo. Y como esa fue la tendencia, el gobierno impactó la negociación colectiva y provocó que en conjunto los contratos colectivos descendieran en su capacidad de generar mejores salarios para los trabajadores.

Refirió que lo que antes se construía con un salario mínimo, hoy se debe hacer con dos o tres. Para comprar todo que comprábamos en 1977 hoy tendríamos que ganar más de 400 pesos diariamente. “Eso da una idea de que la curva descendente y el abandono de los trabajadores fue generando la pobreza que tenemos hoy. Con 60 por ciento de la fuerza del trabajo en la formalidad y millones de trabajadores en empleos formales, pero sin las garantías de seguridad social ni registros fiscales adecuados.

De ahí que --estableció Mercado López-- el país tiene la necesidad de aumentar las condiciones de vida tan depauperadas de la clase trabajadora,  pues el salario mínimo está por debajo de la línea de pobreza aun con el aumento a 102 pesos decretado por el gobierno federal. De acuerdo a la ley el salario mínimo deber garantizar una vida óptima a la familia del trabajador, en cuanto a vestido, salud, educación, alimentación, pero hace muchos años el salario mínimo abandonó ese objetivo, consideró.

No puede ser cualquier juez

El especialista, quien ha colaborado en investigaciones como la denominada Costo de la Mano de Obra en México a partir de la Normatividad Laboral, y Procedimientos Colectivos Laborales y Derecho de Amparo, sostuvo que se requiere un sistema de justicia auténtico de administración de justicia. Y esto va a depender del presupuesto, selección y capacitación de personal, infraestructura y sistema de cómputo de que se dote a la justicia laboral.

Por esta razón, explicó, hay metas jurídicas para garantizar el funcionamiento adecuado del sistema, responsabilidades para el Poder Federal  pero también para los poderes locales.

Detalló que los poderes ejecutivos locales deben crear centros de conciliación y es menester que los tribunales cuenten con el suficiente presupuesto, instalaciones mínimas, un sistema digital interconectado con el sistema nacional, así como llevar a cabo procesos de capacitación profunda y   selección rigurosa de jueces y secretarios e instructores. Ese es el modelo ideal en todo el país, dijo.

Observó que el  juez no puede ser cualquier juzgador. Debe ser un líder, un obsesionado de la verdad, profundo conocer del Derecho social, del Derecho laboral, con cultura por encima del promedio, saber en qué escenario está tomando decisiones de Derecho social. Aseveró que también deberá ser un juez estudioso, reflexivo, valiente, que asuma su autonomía e independencia plena, porque estará a la vista de todos.

         Héctor Arturo Mercado mencionó que hay tomar muy en cuenta que Estados Unidos condicionó la ratificación del Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá a que efectivamente se esté llevando a cabo la reforma laboral, lo que no es bueno porque si el gobierno de Donald Trump considera que no se está haciendo bien van a empezar las presiones internaciones.

Por ello, las instituciones que se creen deberán responder de una manera diferente,  porque de lo contrario las sanciones generales para el país serán peores, advirtió.

Durante su disertación, el magistrado de circuito pidió que en todo este proceso no se deje de lado al personal de las juntas locales, al se le debe dar certidumbre jurídica y pedirle que termine con rapidez los asuntos en trámite, que lo haga bien, que se le dote de suficiente presupuesto. Y una vez que los capaciten se les garantice ingresar al Poder Judicial, por lo menos a un puesto similar al que tienen en cuanto al salario, de lo contrario estos organismos podrían prolongar la transición al nuevo sistema más de seis años. Una de las ventajas, comentó, es que hay pocos trabajadores. A nivel federal son mil 600 trabajadores que atienden 450 mil asuntos.

Por último, resaltó que la clave de todo está en la capacitación. Y de aquí a que se abran los tribunales laborales y el centro de conciliación los poderes judicial locales deberán auxiliarse de las universidades públicas y privadas para elaborar  un programa común de estudios.

Reveló que todos, sin importar su experiencia deberán ponerse a estudiar porque el cambio es profundo y donde es menester los involucrados sean grandes conciliadores, profesionales. Y si tienen que enfrentar el conflicto sabrán litigar, con la seguridad de que cuentan con una organización preventiva y capacidad de prueba, suficientes para soportar las cargas que impongan las leyes. Asimismo, tendrán que demostrar la suficiente habilidad y conocimientos para desarrollar el interrogatorio libre, para ofrecer pruebas y objetar los de sus contrapartes.

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