Fortalecen sistema penal acusatorio en Tabasco
Villahermosa, Tab., 20 de septiembre de 2019. No.- 117.
Fortalecen sistema penal
acusatorio en Tabasco
· El gobernador Adán Augusto López Hernández y el presidente del TSJ, Enrique Priego Oropeza, inauguraron sala de oralidad de segunda instancia
· Pondera el titular del Poder Judicial manejo escrupuloso del presupuesto y apego a lineamientos de austeridad
· Reconoce labor de los integrantes de la institución que ahora cuenta con 31 salas de oralidad
Con una inversión de dos millones 285 mil pesos, el Poder Judicial tabasqueño amplió la capacidad de servicio del sistema penal acusatorio de segunda instancia, al poner en funcionamiento la sala de juicios orales del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), y refrendó su compromiso con la vigencia del Estado de derecho y el desarrollo de la entidad.
El presidente de la institución, Enrique Priego Oropeza cortó el listón inaugural con el gobernador Adán Augusto López Hernández, como testigo de honor, y señaló que este logro --la trigésima primera sala de oralidad en Tabasco--, es producto del trabajo conjunto que ha dado como resultado beneficios para la sociedad.
La moderna sala, ubicada en la calle José Narciso Rovirosa, en el centro de Villahermosa, da fe de que el nuevo sistema penal acusatorio y oral está contribuyendo a garantizar la impartición de justicia pronta y expedita, la cual respeta los derechos de víctimas u ofendidos e imputados, puntualizó.
Ante el presidente de la mesa directiva del Congreso local, Rafael Elías Sánchez Cabrales, magistrados del tribunal tabasqueño y consejeros de la Judicatura, Priego Oropeza explicó que la sala del sistema penal acusatorio de segunda instancia se creó para dar celeridad a los procesos, garantizar la continuidad de las audiencias y facilitar a los magistrados penales la atención de apelaciones a resoluciones de jueces de primera instancia, lo que antes debían hacer en el Centro de Justicia Oral de la región 9, ubicado en el kilómetro 6+800 de la carretera Villahermosa-Frontera.
Para ello se ha contado con la mejor de las inversiones, la voluntad y el compromiso del personal del tribunal, dijo al reconocer esfuerzo y solidaridad, del capital humano del órgano impartidor de justicia.
Asimismo, resaltó el manejo claro y transparente de recursos estatales y federales que tiene bajo su responsabilidad el Poder Judicial, así como del personal que labora en la institución, en total apego a la política de austeridad a la que ha convocado el gobernador López Hernández.
Relató que gracias al manejo escrupuloso del presupuesto, con recursos propios la institución adecuó, remodeló y equipó el inmueble que hoy es tangible a la vista.
El también presidente del Consejo de la Judicatura planteó que aún hay mucho trabajo por hacer en materia de impartición de justicia, pero reiteró su compromiso con la excelencia y profesionalismo, el trabajo coordinado y el respeto a la vigencia del Estado de derecho y el marco constitucional que nos rige en México, como estableció a partir del inicio de su gestión el 1 de enero pasado.
Detalló que las obras se ejecutaron en tres etapas. En los trabajos de equipamiento se invirtieron 350 mil pesos, por lo que se refiere a la instalación de fibra óptica para la interconexión de datos, voz e internet se aplicaron 85 mil pesos mientras que en el mantenimiento e instalación de equipos de tecnología de información se aplicaron un millón 850 mil pesos, lo que suma dos millones 285 mil pesos.
Manifestó que con esta son 31 salas de juicios orales en el estado, de las cuales 30 son de juicios orales penales y existe una sala de oralidad mercantil, en el ánimo de dar cumplimiento a los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación, previstos en el primer párrafo del artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Tras el corte de listón inaugural el mandatario estatal y el titular del Poder Judicial, así como sus invitados, presenciaron un ejercicio para ejemplificar el desahogo de una audiencia en que se apeló a la negativa de imposición de medidas cautelares, en un presunto caso de violencia familiar, promovido por el fiscal del Ministerio Público.
Esta apelación obedece a que no se decretó que el imputado saliera del domicilio en el que también habita la víctima y debido a que no se le prohibió acercarse a ella.
El fiscal del Ministerio Público presentó los agravios aclaratorios y solicitó se desahogara como prueba superveniente el testimonio de una psicóloga para salvaguardar los derechos de la víctima y para en su momento la magistrada resolviera imponer las medidas cautelares y juzgara con perspectiva de género.
Para llegar a estar resolución, la especialista se apegó a lo que establece el artículo 1 de la Constitución Política de México --modificado en 2011, a raíz de la reforma constitucional en materia de derechos humanos--, el artículo 7 de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (la llamada Convención Belém do Pará), además del Código Nacional de Procedimientos Penales.
En el ejercicio participaron como magistrada, Montserrat Ricárdez Balcázar; como fiscal, Andrea Trinidad Chablé; Benjamín Cabrales Asencio, lo hizo en calidad de defensor y como imputado fungió Daniel Cruz Baeza. La encargada de sala fue Juana María Rodríguez Hernández y la psicóloga fue Eréndira Toledo Cortés, con amplia experiencia en materia de derechos humanos y perspectiva de género.
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