Faltan difusión y normatividad de reforma laboral
Villahermosa, Tab., 12 de
septiembre de 2019. No.- 114.
Faltan
difusión y normatividad
de reforma laboral
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Los
trabajadores millenials traen una visión distinta del empleo, no tienen arraigo
ni buscan permanencia; el derecho al trabajo se volverá más dinámico, afirma
especialista
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María
de los Ángeles López Martínez propuso separar el IMSS hacia una instancia
administrativa especializada para dar respiro a la justicia laboral de México
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En
el auditorio del Tribunal Superior de Justicia dictó la conferencia Las nuevas instituciones laborales, a
funcionarios gubernamentales y abogados litigantes
A la nueva reforma
laboral le falta difusión, pero con claridad y paso a paso sobre lo que se debe
llevar a cabo. Y si bien algunas disposiciones entrarán en vigor en cuatro
años, otras ya están vigentes, aseveró la maestra en Derecho Laboral, María de
los Ángeles López Martínez, al disertar la conferencia Las nuevas instituciones laborales.
La
también doctorante en Administración y Alta Dirección sostuvo que este proceso
de transición es un reto tanto para las entidades federativas como para el
gobierno federal, dado que aún se está trabajando en la capacitación y lo que significa la instrumentación de los
nuevos tribunales, entre otros temas.
Crear
un juzgado laboral implica una conformación distinta de lo que eran las juntas
de Conciliación y Arbitraje, porque estos juzgados aunque serán unipersonales
requieren de un equipo de trabajo, los secretarios de acuerdo, los funcionarios
de apoyo, los actuarios y personal administrativo de apoyo para dar abasto a
los reclamos laborales, los cuales han incrementado en 70 por ciento o más en
el país desde que inició el proyecto de reforma en 2015, anotó.
María
de los Ángeles López recordó que hay regiones en México altamente dinámicas en
materia de inversión, por ejemplo la zona norte cuya naturaleza es industrial y
el impacto económico es directo. Ahí también se tiene una nueva cultura
laboral, los trabajadores millenials traen una visión distinta del empleo, no cuentan
con arraigo ni esa ideología de permanencia a largo plazo para quedarse la vida
completa en una empresa. Entonces, esta movilidad de trabajo sumada en algunos
casos a la alta demanda de empleo, hace que el derecho al trabajo se vuelva más
dinámico y también el reclamo.
Señaló
que en particular le preocupa que esta reforma le está apostando a la
conciliación previa obligatoria, y las juntas locales de Conciliación y quienes
litigan se están percatando que estas negociaciones son gracias a los abogados,
quizá por la manera tradicional de trabajar y comúnmente se requiere de poca
intervención de la autoridad, pues interesa a los representados buscar una
solución a su diferendo.
Sin
embargo, en materia federal se reduce en gran medida porque los contendientes,
llámese Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Infonavit, afores, o
instituciones descentralizadas, también del gobierno federal, no llegan a
conciliaciones por una política propia del ente público. Y en todo caso en
materia federal se seguirá arrastrando esa historia de alta demanda en que se
han convertido los asuntos jurisdiccionales, sin que se puedan resolver en la
vía conciliatoria, porque están excluidos de llegar al órgano conciliador,
apuntó.
Durante
la conferencia dirigida a personal de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial,
así como abogados litigantes, la especialista mencionó que desde hace muchos
años en otras regiones se registra el incremento de reclamaciones de pensiones al
IMSS, quizá porque ahora haya más conciencia y no porque haya más enfermos que
en el pasado. Tanto que dos o tres tercios de los asuntos en materia federal
corresponden a asuntos de seguridad social. Esos van a seguir en el órgano
jurisdiccional federal y están excluidos de la parte conciliatoria asignada al
centro de conciliación.
López
Martínez consideró que los asuntos de seguridad social son administrativos más
que jurisdiccionales, por lo que propuso separar el IMSS hacia una instancia
administrativa especializada en atención de cuestiones relacionadas a enfermedades
profesionales o de carácter administrativo para validar todos los derechos que
reclaman los trabajadores. Esto, dijo, daría un respiro a la justicia laboral
de este país.
Sensibilizar y difundir
Por otro lado, indicó que
como parte de la implementación de las reformas aprobadas en mayo pasado patrones
y sindicatos deben difundir y sensibilizar en la aplicación de las normas, pues
aunque se tienen cuatro años para su implementación, ya se publicó el protocolo
para legitimar los contratos colectivos, ya hay cambios en la Ley Orgánica de
la Administración Pública Federal sobre las funciones de la Secretaría del Trabajo
y Previsión Social (STPS). Agregó que estamos a unos meses para crear los
estatutos que darán forma a la junta directiva del Centro Federal de Registro de
Documentos Laborales.
Además,
para los sindicatos está corriendo un plazo para adecuar sus estatutos a efecto
de llevar a cabo la designación o elección de sus directivas a través de
procesos democráticos y para ello deberán tomar en cuenta la paridad de género.
Entonces diariamente descubrirán que las entidades del país deben armonizar las
leyes orgánicas del Poder Judicial y las de la Administración Pública, porque éstas
últimas catalogan al órgano desconcentrado que será el centro de conciliación
local.
Manifestó
que otro punto a tener en cuenta es que en la exposición de motivos de la
reforma mediante la cual desaparecen las juntas de Conciliación y Arbitraje se
enfoca mucho al rezago de los asuntos y se refiere a la dilación en la justicia.
Pero el reto es que esas juntas seguirán operando no solamente durante los
próximos cuatro años, sino por el tiempo que requieran para concluir los
juicios en trámite y si en materia local tenemos tres años para que inicie
funciones el juez local durante estos tres años seguirán incrementándose las
demandas.
Aseguró
que de esta manera esta situación se prolongaría y son recursos económicos que
se duplicarían, porque la Secretaría de Finanzas suministra a los poderes Judicial
y Ejecutivo y tendrá que sostener dos tribunales simultáneamente para
encargarse de una misma causa.
De
acuerdo a la reforma laboral los jueces de esta materia requieren de nuevas
tecnologías, atender requerimientos de publicidad, inversión para instalaciones
y equipamiento de los sitios donde se desarrollarán las audiencias orales. Por ello, María de los Ángeles López expresó
su duda sobre el origen de estos capitales para realmente hacer efectiva la reforma
en los términos que ha sido planteada.
La tercera pata de la mesa
Además --observó-- falta
armonizar leyes, porque si bien es cierto los procesos judiciales en materia
laboral son de orden federal y están reglamentados en la Ley Federal del Trabajo
y demás disposiciones relacionadas lo cierto es que la conformación de los
juzgados y su operación estará totalmente a cargo de los estados y en sus leyes
orgánicas --que no existen--, deberá quedar plasmada la forma en que van a
constituirse y operar.
De
entrada, comentó, falta la tercera pata de la mesa para tener soporte normativo
básico, elemental y mínimo. “Se requieren las leyes orgánicas de las
administraciones públicas estatales, en algunos la reforma a la Constitución
para dar cabida a que desaparezca la designación que hacía el gobernador de los
presidentes de las juntas, por ejemplo, y algo que va despacio, es que el
órgano rector, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a nivel federal y
la secretaría federal no ha dado el banderazo definitivo para que haya coordinación
efectiva entre autoridades federales y estatales para comenzar la construcción del andamiaje”,
puntualizó.
López
Martínez consideró necesario más tiempo para el funcionamiento de la reforma
laboral. Solamente hay que ver hacia el pasado, cuando se implementó el nuevo sistema
de justicia penal en 2008, todo el movimiento que se hizo desde capacitación,
instrumentación, difusión, soporte y a 11 años todavía no la vemos concretada.
Aseveró
que en materia laboral era aún más necesario, porque abarca al total de la
población, ya que en este país quien no trabaja es patrón entonces es quien
mueve la economía y propicia la paz, no solamente laboral, sino social. Y se requiere
concretar los propósitos para los que fue construida, más por una presión de
carácter económico que forzó a acortar los tiempos para materializarla.
Relató
que el mismo legislador que tuvo un año para haber regulado la reforma al
artículo 123 constitucional del 24 de febrero de 2017, la reformó apenas el 1
de mayo pasado. Se llevó más de año y medio de retraso en generar la ley
reglamentaria y todavía a esa legislación le estampó los transitorios de estos plazos de tres y cuatro
años para tomar un respiro y alcanzar a implementar estas instituciones que
deberán estar conformadas en ese lapso, pero tenemos más esperanza que certeza
de que vaya a ocurrir así. .
Lo
único que queda es sensibilizarnos de que estamos en los albores de un nuevo
sistema de justicia laboral en México y no solamente va a cambiar de oficinas
sino de institución, y también la operación de este sistema, por lo que se debe
dar claridad y no confusión, finalizó.
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