No basta con tipificar agresiones con ácido contra mujeres
Villahermosa,
Tab., 13 de febrero de 2020. No.- 015.
No basta con
tipificar agresiones
con ácido contra mujeres
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Es acertado
tipificar como delito estas agresiones, pero también se requieren acciones
desde la familia, la escuela y las iglesias, advierte el magistrado Gregorio
Romero Tequextle
·
El presidente de
la primera sala penal del TSJ participó con la magistrada Lorena Concepción
Gómez González en Mesa de análisis de TVT
Tipificar
específicamente el delito de ataque a mujeres con ácido y establecer una pena
mayor es un principio para prevenir el delito, pero también se debe trabajar en
los ámbitos familiar, educativo, religioso y sociopolítico, afirmó Gregorio
Romero Tequextle, presidente de la primera sala penal del Tribunal Superior de
Justicia, quien precisó que el Derecho penal no sólo castiga, sino también es
preventivo.
Explicó que el Derecho penal señala qué
conducta debe punirse y con ello dice a la sociedad: “Este castigo será para tí
si realizas tal conducta, de manera que subir penas es algo importante pero no
lo es todo”, advirtió.
Al participar con la magistrada Lorena
Concepción Gómez González, la directora del Instituto Estatal de las Mujeres,
Nelly del Carmen Vargas Pérez, y el diputado Daniel Cubero Cabrales, en la Mesa
de Análisis de Televisión Tabasqueña sobre el tema Integridad física de las
mujeres, castigo severo a sus agresores, Romero Tequextle indicó que también
debe trabajarse en los ámbitos de la familia y la escuela ya que desafortunadamente
la agresión a la mujer comienza a temprana edad.
“A
veces los niños maltratan a las niñas, entonces en la escuela tenemos que hacer
mucho y así en todos los aspectos de nuestra sociedad, inclusive en la religión”,
sostuvo.
Cada
año se registran unos mil 500 casos de ataques con ácido en el mundo, de ellos
solamente 40 por ciento se denuncia ante la policía, de acuerdo a la
organización Acid Survivor Trust Internacional. En México no hay estadísticas o
cifras oficiales de ataques con ácido, dado que el Sistema Nacional de
Seguridad Pública no tiene un apartado sobre esta conducta, lo que demuestra
que existen vacíos jurídicos sobre agresiones contra mujeres.
El magistrado Gregorio Romero consideró
acertado tipificar y castigar agresiones específicas a las mujeres como las que
se producen con el uso de ácido, porque eso ayuda a prevenir, pero también deben
realizarse acciones desde el punto de vista administrativo, educativo y social,
incluso político, porque a veces se necesita algo más.
El ex procurador de Justicia y ex
director de la División Académica de Ciencias Sociales y Humanidades de la UJAT
observó que cuando se habla de tipos penales o tipicidad no se refiere
simplemente a la definición del delito, y no porque en el Código Penal no se
castigue.
Actualmente el ataque a mujeres con ácido
no aparece específicamente en el Código Penal, pero está encuadrado en el
delito de lesiones, comentó al mencionar que la propuesta que se presentó en el
Congreso local permitirá identificar con mayor precisión el ilícito y aumentar
la pena.
Dijo no coincidir con la propuesta para
eliminar el delito de feminicidio, aunque reconoció que quienes han trabajado
en el Ministerio Público saben lo difícil que es integrar una carpeta de
investigación, pero para evitar eso hay
que prepararse, capacitarse, especializarse y contar con equipo
suficiente para hacerlo. Esa es la solución para realizar bien el trabajo.
En nuestro Código Penal se establece
además que cuando no se logra probar el feminicidio se encuadra como homicidio,
pero de ninguna manera puede quedar impune el hecho delictivo, apuntó.
Aseveró
que el gobierno de Tabasco tiene interés en que todas las instituciones que
participan en la prevención, investigación, judicialización y ejecución de las
sanciones penales hagan un buen trabajo diariamente, porque todo eso debe
armonizarse, “no es posible pensar que con sólo una institución tengamos buenos
resultados”.
Y
puntualizó:
En
primer lugar, desde que llega al lugar donde se registraron los hechos
presuntamente delictivos, la policía preventiva debe pensar si lo que está ahí
es un feminicidio, comenzar a obtener datos que permitan precisar que la
víctima estaba expuesta al público o que hay datos de que hubo violencia
sexual, indicios de testigos que pudieran dar información sobre si había un
parentesco o una relación de noviazgo, de esposos.
Todos
esos datos deben recabarse para que el fiscal del Ministerio Público los
integre a su carpeta de investigación y si todo esto llega bien integrado al
juez no hay ninguna manera de hacerse a un lado o de cambiar la situación. Por
eso es importante que todos trabajemos unidos en este interés del gobierno del
estado por hacer justicia, y que haya paz y justicia social, subrayó.
Propuesta justificada
La magistrada
Lorena Concepción Gómez, integrante de la segunda sala penal del tribunal
tabasqueño, agregó que la propuesta para aumentar el castigo a quienes agreden
a la mujer con ácido o sustancias corrosivas está justificada porque busca se dé
trato diferenciado de mayor tutela. El hecho en sí lleva connotaciones de
violencia de género, por lo que si se lograra concretar esta iniciativa de
reforma al Código Penal generará un nuevo mecanismo de acceso a la justicia, sentenció.
Ahí
va a quedar de manifiesto cómo el Estado ha adoptado políticas públicas para
erradicar la violencia, y contribuirá a una transformación cultural, dijo al
precisar que el Derecho es una herramienta de transformación social, para que también
vayamos cambiando nuestra mentalidad, a través de medidas preventivas e imponer
las sanciones correspondientes.
Señaló
que esta problemática de la violencia contra mujeres interesa a todos,
inclusive ha despertado la inquietud de académicos, periodistas y desde luego el
ámbito jurídico. “Es necesario implementar una figura que las regule
específicamente, que no se escape, que todo tenga su justa medida, una sanción
por esas actitudes. Pero esto también se debe ver desde el origen, la compra de
sustancias, qué lo está originando, si es por una situación de violencia de
género, si se trata de un caso aislado o no”, manifestó.
Tabasco
no está lejos de esta situación y para muestra un caso que se suscitó en
Tenosique en septiembre del año pasado, cuando una mujer asesinada presentaba
huellas de tortura y quemaduras supuestamente por ácidos o alguna sustancia
corrosiva que le dañó el rostro.
Gómez
González mencionó que la regulación no será una tarea fácil porque no se había atendido
este tema, que ya se ha presentado en otras latitudes pero no existía en la
entidad. “Hay que retomarlo y ver de qué manera se prevé que las sustancias corrosivas
no se vendan de manera libre, aunque no se
logre abatir, porque hay sustancias dañinas que están al alcance de todos,
incluidos los materiales de limpieza, que si logran tocar el cuerpo humano van
a provocar una lesión.
“Finalmente
se está dando el primer paso y si se logra incluirlo en la legislación penal
del estado va a exteriorizar que existe esta clase de violencia”, anotó durante la emisión conducida por Jorge de
Dios Olán.
Reconoció
que también se requieren políticas preventivas para que a la postre no tengamos
el alto índice de casos que sí se ha reflejado en otros estados. El Estado
mexicano está obligado a prevenir, combatir y sancionar todo lo relativo a la
violencia, y esta es una forma de violencia de género.
Ante
la propuesta para reducir el estándar probatorio del feminicidio, la magistrada
del Tribunal Superior de Justicia recordó que en 2015 la Suprema Corte de
Justicia de la Nación (SCJN), emitió una sentencia en relación a la
investigación de la muerte violenta de Mariana Lima Buendía en la que determina que el caso no había sido
suficientemente estudiado para concluir que era un suicidio y ordenó reponer el
procedimiento para determinar cuál fue la verdadera causa de la muerte, porque
había la posibilidad de que haya sido víctima de una agresión por parte de su
esposo.
En
esa sentencia la primera sala del máximo tribunal del país brinda lineamientos
para que las autoridades correspondientes forzosamente desarrollen líneas de
investigación cuando hay violencia de género.
“Ahí
determina que todo ese análisis y estudio de investigación debe realizarse bajo
una perspectiva de género, que es un método para advertir si hay indicadores de
violencia en el entorno de la víctima. Si bien como refirió el fiscal general
de la República, Alejandro Gertz Manero, es una tarea difícil integrar una
carpeta de investigación ya se han encontrado soluciones para facilitar esa
actividad”, dijo.
El
magistrado Gregorio Romero confió en que la iniciativa presentada en el
Congreso por el diputado Cubero Cabrales sea revisada y discutida en comisiones
unidas para que sea un trabajo realmente colectivo, bien armonizado, bien
relacionado con las distintas partes del Código Penal, y se considere todo
aquello que permita hacer algo en bien de las mujeres. “Creo que esto es un
principio que va a ser muy bueno para todos”, finalizó.
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