Villahermosa, Tab., 5 de septiembre de 2022.                                   No.- 072.

Magistrado Enrique Priego

Estamos cosechando

fruto del trabajo en conjunto

·        El presidente del Poder Judicial  reconoce eficiencia administrativa de quienes ejercen el manejo de recursos en la institución

·        El Órgano Superior de Fiscalización informó que Poder Judicial no debe solventar recursos en revisión de cuentas públicas de 2021

·        Únicamente dos jueces fueron separados de sus cargos, en la mayoría de los casos las apreciaciones de los ciudadanos son incorrectas, señala    

El presidente del Poder Judicial, Enrique Priego Oropeza, reconoció el trabajo del área administrativa del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) que hizo posible que en el inicio de la revisión de cuentas públicas el Órgano Superior de Fiscalización del Estado (OSFE) declarara no existen observaciones al manejo de los recursos ejercidos por la institución durante 2021.

Tras asistir con el secretario de Gobierno, Guillermo Arturo del Rivero León, a la sesión solemne de apertura del primer periodo de sesiones del segundo año de ejercicio constitucional de la LXIV Legislatura, el magistrado presidente Priego Oropeza detalló que el personal de Tesorería, Oficialía Mayor y administrativo, todos hacen su trabajo. “Ese es el fruto que estamos cosechando, es un trabajo en conjunto, no del presidente, es de todos lo que colaboran en la presidencia del Tribunal Superior de Justicia”, apuntó.

Al iniciarse el período de revisión de cuentas públicas, el pasado 31 de agosto el Órgano Superior de Fiscalización dio a conocer que los poderes Judicial y Legislativo no deben solventar recursos en el proceso que comenzó con la presentación de observaciones.

En el documento denominado Resumen General de Observaciones Cuantificadas 2021, el OSFE refiere que estos dos poderes registran "cero" recursos pendientes por solventar, lo mismo que los tribunales Electoral de Tabasco y de Justicia Administrativa y el Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como la Comisión Estatal de Derechos Humanos.

Priego Oropeza agregó que durante casi cuatro años en los que ha estado al frente de la institución no se ha presentado acusación grave contra algún juez y en los dos casos que se han registrado y comprobado irregularidades se aplicó la ley a cabalidad y los juzgadores fueron separados de sus cargos.

Si bien se han recibido quejas se ha podido demostrar a los ciudadanos que las presentaron que sus apreciaciones son incorrectas, dijo al remarcar que “tenemos el pulso” de la  administración de justicia en la entidad mediante el diálogo fluido con los miembros de la Judicatura, la Dirección General de Administración del sistema penal acusatorio adversarial y el Consejo de la Judicatura.

Indicó que el objetivo es humanizar el acceso la justicia con buen trato hacia los justiciables, pero sobre todo “ajustar y dictar sentencias” apegadas a Derecho.

“Exigimos buena atención al justiciable porque él paga los honorarios que recibimos, yo como presidente y los demás como jueces”, manifestó al tiempo de reiterar su instrucción para que los juzgadores atiendan a quien clame justicia, respeten a su personal y viceversa, y den celeridad a los procesos judiciales, “eso es lo que yo exijo”.

Aseveró que en los recorridos que han emprendido por la geografía estatal ha percibido que, independientemente de las necesidades materiales, los abogados litigantes han manifestado buenas impresiones de la labor de secretarias y los jueces “porque hay buen trato y están aplicando la ley”

  El titular del Poder Judicial informó que él personalmente y su equipo de trabajo están pendientes de que no haya retrasos en la tramitación de  expedientes y se dicten las sentencias.

Refirió que durante las visitas a los juzgados en municipios ha pedido a los jueces que también estén al pendiente de los funcionarios, así como de los plazos y términos que la ley o códigos establecen porque cuando hay retraso muchos son los perjudicados, entre ellos las partes involucradas en un litigio y los abogados postulantes que deben cobrar sus honorarios.