Resoluciones judiciales, pilar de la paz social
Villahermosa, Tab., 21 de junio de 2021. No.- 034.
Resoluciones judiciales,
pilar de la paz social
· Concluyó Semana de Derechos Humanos promovida por el Poder Judicial de Tabasco
· La magistrada Carolina Alcalá Valenzuela imparte conferencia Temas relevantes, diez años de la reforma constitucional en derechos humanos en México
· Los avances no son un plan de idealismos o aspiracional, es una cultura en la que estamos inmersos desde hace tiempo y con mayor particularidad hace una década, puntualiza
Porque hay asignaturas por cubrir, operadores de derechos humanos debemos ser los primeros en tutelar, cumplimentar y observar estas garantías, para que las resoluciones judiciales sigan siendo el pilar de la paz social y se generen las condiciones de reproducción de una mayor esfera de protección para las personas, puntualizó Carolina Alcalá Valenzuela, magistrada del noveno tribunal en materia administrativa del primer circuito de la Ciudad de México.
Al concluir la Semana de los Derechos Humanos que organizó el Poder Judicial de Tabasco, la especialista observó que solamente una cultura jurídica de derechos humanos que se aplique diariamente en juzgados y tribunales para hacer crecer el contenido de estos derechos, y que las resoluciones judiciales sigan siendo el pilar de la paz social --que también es un derecho humano--, “es lo que debemos tener en mente de hoy en adelante a la hora de resolver” un expediente.
En el marco de la conferencia Temas relevantes, diez años de la reforma constitucional en derechos humanos en México, la magistrada desmenuzó temas que han incidido en la vulneración de derechos humanos, lo cual se hizo más complejo tras la pandemia sanitaria con la aparición del virus SARS-CoV- 2, en el incremento de la violencia contra las mujeres tras la pérdida de trabajos remunerados, las cuales han sido confinadas en sus hogares.
No obstante, la discriminación también se ha dado en contra de mujeres y niñas indígenas y del medio rural, grupos vulnerables de adultos mayores así como de la comunidad lésbico, gay, bisexual, transgénero y queer (LGBTQ+), así como la militarización.
Ante servidores públicos judiciales, mencionó que es menester desarrollar mayores contenidos en el lenguaje jurídico y soluciones que atiendan siempre a los derechos humanos, pero sobre todo es impostergable “ser responsables de decisiones que vayan siempre en pos de la mejora social”.
Y, advirtió, debe tomarse en cuenta la existencia de instrumentos jurídicos internacionales “que complementan o que nos pueden dar la solución ante casos difíciles o los que no nos hayamos enfrentado y que se han generado precisamente en la pandemia y como resultado de acciones públicas generadas en la pandemia”.
Alcalá Valenzuela explicó que estos factores nos colocan frente a una realidad bastante dolorosa que requiere soluciones jurídicas y acciones públicas para eliminar condiciones de desigualdad, de ahí que mencionara que es necesario acudir a nuevas perspectivas para resolver las medidas de protección y progresividad para proteger derechos humanos en sociedades que emergen de conflictos y/o desastres, las cuales emitió la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en agosto de 2014. Éstas permiten contar con instrumentos para paliar los conflictos jurisdiccionales a resolver.
Para ello son útiles los principios de Limburgo, las reglas de Brasilia, las convenciones de derechos humanos, los tratados de derechos humanos y, sobre todo, la empatía y la solidaridad que desarrollen como juzgadores, dijo al detallar que las directrices de Oslo dan una visión completa sobre cómo evitar la militarización en las acciones que deben ser desarrolladas propiamente por la sociedad y las autoridades civiles.
La ponente consideró que la visión de los derechos humanos que nos ha acompañado esta década, no sólo en la vida jurídica, social, política y económica de México, debe permitir ver la perspectiva a futuro en razón de los retos que se abrieron durante estos diez años. Como sociedad y servidores públicos debemos promover la mayor protección de los derechos humanos y convertirlos en un alimento diario y que se retroalimente para lograr condiciones igualitarias para la ciudadanía, apuntó.
Dijo que esa perspectiva denota el surgimiento de nuevas vertientes en los derechos humanos que obligan no sólo a estudiar y actualizar conocimientos en esta cultura, sino en ver qué mecanismos y dinámicas es menester desarrollar para responder integralmente a nuevas exigencias vinculadas con los derechos humanos que ya han sido tratados en resoluciones, y en qué medida se puede consolidar el sistema jurídico de derechos humanos.
Manifestó que las reformas constitucionales a partir de la modificación del artículo 1 de la Constitución, en vigor desde el 11 de junio de 2011, abren caminos que amplían el panorama, con lo que existe la obligación de convertirnos en una sociedad de derechos humanos, no en una sociedad que aspire a que por reformas y años de cumplimiento en su integración legislativa se vea sólo como un logro, sino que se debe seguir por el camino de la perfección y riqueza de los derechos humanos
Porque “todavía hay muchos estereotipos, límites, obstáculos, barreras que siguen imperando a nivel de patrones socioculturales, de discriminación, de no observancia, de incumplimiento, que impiden que lleguemos a buen puerto en el desempeño de los principios, tanto a nivel nacional como internacional que marcan el devenir del Estado mexicano”, indicó.
La magistrada del noveno tribunal en materia administrativa asentado en la Ciudad de México sostuvo que “nos faltaba armonizar los aparatos legislativos entre lo que se establece en México en materia de derechos humanos y los principios internacionales derivados de convenios y tratados internacionales de los que es parte el Estado mexicano y que deben llevarlo a mayores acciones de garantía y protección”.
En una amplia exposición destacó que la pandemia originada por el coronavirus hace más evidentes las desigualdades formales, materiales y estructurales que el aparto legislativo y que el propio sistema judicial con sus resoluciones ha sostenido.
Porque “sí efectivamente hay avance en las resoluciones judiciales que atienden y reconocen derechos humanos, pero a la vez persisten muchas condiciones de desigualdades culturales que no se remedian con estas resoluciones porque se requieren mayores contenidos e interpretaciones y sobre todo mayores avances tanto a nivel judicial como de los poderes Ejecutivo y Legislativo”, sentenció.
Agregó que la pandemia obligó a realizar trabajo en casa, con lo que se generó una nueva situación laboral, propició que se ensancharan brechas de desigualdad entre personas que ya estaban en categorías desfavorables por estar inmersas en condiciones de vulnerabilidad, provocó mayores desigualdades e hizo nugatorio, en muchos aspectos, el acceso a la justicia.
“Se tuvo que empezar a construir un sistema sobre todo judicial, donde el trabajo remoto se hace a través de herramientas y medios electrónicos, se da prevalencia a la integración de expedientes electrónicos”, pero no todos pueden acceder a medios electrónicos de comunicación e información, para dar seguimiento a sus casos, señaló.
Pandemia revela desigualdades
La magistrada Carolina Alcalá puso de relieve que esto se acentúa en el caso de las mujeres. “Debemos advertir que hay una interseccionalidad de la desigualdad en cuanto a las mujeres”, que no tienen redes de apoyo, cuando al quedar confinadas en sus casas se hizo más evidente el tema de la violencia, que hubo un incremento de feminicidios, de lesiones, de intentos de lesiones “porque las mujeres, de por sí en situación de vulnerabilidad, quedaron expuestas a un ambiente familiar en el que se incrementó la violencia” y se acentuó la necesidad de los trabajos de cuidado, de trabajos domésticos que no están remunerados, y sobre todo ahora también incide la ilustración o la educación académica de hijas e hijos que recae principalmente en las mujeres, señaló.
En otro apartado observó que la pirámide poblacional se está invirtiendo porque en México, según los datos de Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), ha ido situándose, cada vez más, en una población de mayor edad. Esta es la primera vez en la historia del mundo que las generaciones conviven hasta en cuatro o cinco niveles, que el trabajo de atención y cuidados de adultos mayores recae en las mujeres que están en edad productiva, económicamente hablando, pero también tienen a su cargo, doble o triple jornada en el hogar.
Hizo ver que estas personas adultas mayores, aun cuando puedan tener una pensión a cargo de alguna otra institución de seguridad social como IMSS o ISSSTE tienen “pensiones insuficientes, rara vez son pensiones de un monto razonable que permita atender las necesidades de vida, o bien son personas que por haber trabajado en el sector informal durante su vida productiva no tuvieron acceso a una pensión, ni a prestaciones de seguridad social”.
A todo esto nos enfrenta con mayor crudeza la pandemia. Se está viendo un panorama donde la violencia de género se ha exacerbado en diversas formas y vertientes, empezando o transcurriendo desde la violencia institucional pasando por la violencia intrafamiliar, doméstica, sexual, social, incluso cibernética. “A todo esto nos enfrentamos las mujeres sin tener una adecuada protección de nuestros derechos humanos”.
Derechos humanos, a todos los niveles
Relató que desde hace siete u ocho años, cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), legalizó una compilación de artículos a la que fueron invitados titulares de tribunales federales una de sus propuestas fue llevar la cultura de los derechos humanos a la educación básica y preescolar, mediante lo cual los infantes comiencen a vivirla, se les enseñe qué es la igualdad y discriminación, “porqué debemos evitar la discriminación, porqué no debemos actuar con violencia y mucho menos en contra de las personas que están en mayor situación de vulnerabilidad”.
De esta manera, las siguientes generaciones formadas en y con la cultura de los derechos humanos se generará un ambiente sociopolítico, jurídico, económico y cultural, donde las personas vivan y sientan que sus derechos humanos están no sólo reconocidos sino también protegidos y que son respetados.
¿Qué podemos hacer responsablemente desde nuestras resoluciones?, se le cuestionó, a lo que la magistrada Alcalá Valenzuela respondió:
“Aquí es donde podemos advertir, desde el ámbito penal debemos crear nuevos sistemas donde las personas agresoras en materia de violencia de género reciban asistencia psicológica, acompañamiento terapéutico y que sean reeducadas para ser reinsertadas en la sociedad”.
Explicó que esto no es un plan de idealismos o aspiracional, es una cultura en la que estamos inmersos no sólo desde hace diez años, aunque más particularmente a partir de las reformas al artículo 1 de la Constitución, en el que cada quien haga camino y deje aportaciones en lo individual, en lo familiar, en lo social, “de esta cultura que ejercemos con respeto a los derechos humanos”.
En relación con las costumbres de las etnias, pidió dejar de estigmatizarlas y empezar a entenderlas, porque muchas de las veces las condiciones económicas y sociales no se dan en esas comunidades, ya que son víctimas de la extracción y la explotación irracional de sus recursos naturales que, por lo general, en las culturas indígenas, esos recursos naturales son sujetos a un uso racional, “exclusivamente necesario para la sobrevivencia o supervivencia del núcleo social”.
Detalló que con el modelo económico actual, con estos megaproyectos, los recursos naturales de estas comunidades se ven avasallados, “expoliados por intereses corporativos de grandes vuelos que les quitan el agua, la fauna, que les quitan la flora de la que durante cientos de años se han alimentado”.
Al abordar temas relacionados con la educación trastocados por efectos de la pandemia, indicó es necesario desarrollar sistemas educativos que “a la par, atiendan emergentemente tanto la salud mental como la salud física y como el crecimiento intelectual y académico de las poblaciones en formación educativa y todo esto lo podemos lograr a través de nuestras resoluciones”.
Ante la militarización de las instituciones, que ha ocurrido en gran cantidad de países y se ha incrementado durante esta pandemia, la ponente estableció que “nos lleva a reflexionar, pero a la vez a tener en cuenta que hay un corpus jurídico muy importante que nos permite sustentar nuestras resoluciones en casos cada vez más concretos, donde se atienda la perspectiva de los derechos humanos”.
Y sobre la movilidad de millones de personas, refugiadas y migrantes, que han llegado a nuestro país en condiciones de gran desigualdad, “otra realidad dolorosa”, aseveró que debe tomarse en consideración la gran magnitud y dimensión de los compromisos y obligaciones jurídicas que “debemos atender con mayor diligencia en lo sucesivo, provocadas por las desigualdades, pero intensificadas por la pandemia”.
Al llamar a actuar como operadores de los derechos humanos con mayor compromiso y responsabilidad social, porque son estos retos que se van abriendo por las nuevas exigencias de la realidad social, producto de la aplicación de estos derechos humanos, y también de desigualdades estructurales que aún falta resolver, resumió que no quiso abordar los alcances de los diez años de reforma constitucional en materia de derechos humanos en México, “porque ya sabemos, ya hemos celebrado y ya hemos hecho parte nuestra, esos alcances y esos logros jurídicos, sociales y políticos”.-
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