Boletín

Simulacro de audiencia con personas sordas en nuevo juzgado de Jonuta

No.- 027/2019

 

Todos los derechos para todas las personas

Plantean necesidad de intérpretes

para personas discapacitadas

·        Realizan simulacro de audiencia inicial para formular imputación  en nuevo juzgado de control y tribunal de juicio oral en Jonuta

·        Atestiguan el ejercicio, el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Enrique Priego Oropeza, y el secretario de Gobierno, Marcos Rosendo Medina Filigrana

 

JONUTA, Tab., 26 de febrero.- Eran poco después de las dos de la tarde, cuando Noresma del Carmen Taba Moreno ingresó a la sala de juicios orales para dar comienzo al simulacro de una audiencia inicial para formular imputación a una persona sorda, Jesús Antonio Salazar Frías, supuestamente acusado de haber cometido un robo en la tienda Fantasía, de la cabecera municipal de Jonuta.

         La ofendida, la señora Haydée Zurita Alfaro, denunció los hechos y se encontraba también en la sala de juicios orales que previamente habían inaugurado el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Enrique Priego Oropeza y el secretario de Gobierno, Marcos Rosendo Medina Filigrana.

         La licenciada Taba Moreno dio la instrucción para iniciar la grabación de la audiencia y acto seguido entró a la sala la jueza Nina León Guzmán, designada jueza del año en 2012, y explicó que tanto la víctima como el imputado gozan de derechos y les preguntó si los conocían.

         Mientras la víctima no tuvo problemas para señalar que sí conocía estos derechos, entre ellos, gozar del auxilio de un asesor jurídico, en el caso de  Jesús Antonio la jueza advirtió que era sordo y por ello pidió a su intérprete Saraí Martínez Jiménez, especialista en lenguaje de señas mexicano, le manifestara si entendía los cargos de los que se le acusaba y si conocía los derechos que la Constitución mexicana y el Código Nacional de Procedimientos Penales establecen a su favor como investigado.

         Con ayuda de la intérprete, Jesús Antonio manifestó que no conocía las leyes de Tabasco ni sus derechos humanos porque es originario de Zacatecas, por lo que pidió al defensor privado le explicara estos derechos.

Ante un auditorio repleto, donde se encontraban el presidente del Congreso del estado, Tomás Brito Lara y el fiscal Jaime Humberto Lastra Bastar, el abogado Samuel Ramos Torres comentó que de acuerdo al apartado B del artículo 20 constitucional, son los mismos derechos para cualquier imputado en el territorio nacional, entre ellos tener una defensa técnica y profesional, ofrecer pruebas, ser juzgado en audiencia pública y que se presuma su inocencia.

Asimismo, el investigado tiene derecho a declarar o guardar silencio, a que se le informe los hechos que se le imputan, que se le faciliten los datos que solicite para su defensa y sea juzgado antes de cuatro meses si se trata de delitos cuya pena máxima no exceda de dos años de prisión y antes de un año si la pena excede de ese tiempo.

Previamente, por medio de la intérprete, la persona sorda dijo a la jueza León Guzmán que necesitaba la asistencia de la especialista en lenguaje de señas y del abogado particular porque no entendía términos jurídicos y tampoco contaba con recursos para pagarlos.

La licenciada Lorena Concepción Gómez González en el papel de fiscal del Ministerio Público dio a conocer los hechos que se imputaban a Jesús Antonio, y con ello la jueza Nina León dio por concluido el ejercicio que se prolongó por 15 minutos.

Justicia para todos

La jueza León Guzmán detalló que cualquier persona que ha sido víctima de un delito puede acudir ante el fiscal del Ministerio Público y a través de él pueden ser canalizados al juzgado. Si trata de un imputado es también el fiscal quien lo llevará ante el juez para que se judicialice su caso o si las partes llegan a un acuerdo, obtener acuerdos reparatorios de daños o salidas alternas al proceso penal.

Al recordar que las audiencias son públicas, salvo que las partes decidan lo contrario, indicó que en la simulación del juicio contaron con el apoyo del Colegio de Traductores, Intérpretes y Peritos y de Jesús Antonio Salazar, maestro del centro En Señas. Pero en la práctica cotidiana, el Poder Judicial cuenta con el auxilio de instituciones públicas como la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas o el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (Inali), que apoyan cuando se necesitan traductores de lenguas autóctonas “porque el servicio de administración de justicia es para todos”.

Sí se puede, afirma profesionista sordo

El ingeniero en Administración de Empresas, Jesús Antonio Salazar Frías, egresado del Instituto Tecnológico de Zacatecas, narró que como persona sorda le ha resultado difícil abrirse camino en la vida, “porque no hay atención, a pesar de nuestro esfuerzo necesitamos siempre alguien que esté con nosotros, en asesoría, en acompañamiento”

Con 32 años de edad y diez meses de residencia en Tabasco, Salazar Frías expresó que en la mayoría de los casos las personas con discapacidad auditiva no pueden ingresar a la educación superior. Incluso, confesó, él pensaba que solamente estudiaría hasta la preparatoria, “pero me dijeron ‘Tú lo puedes hacer, no importa, esfuérzate y lo lograrás’.

A partir de ese momento empezó a estudiar hasta obtener su título, “a veces sin ayuda, pero logré alcanzarlo. Había momentos en que yo decía ‘Ya voy a dejarlo todo porque no puedo?, también porque tuve un accidente, pero el director del instituto me dijo: “Tú puedes, yo te voy a ayudar. Si tú quieres te traigo un intérprete para que te ayude y que continúes y no te quedes rezagado en tu educación y alcances los niveles que tu quieres, a los que tu puedes aspirar y tienes derecho’”.

         “El título lo obtuve gracias a la interpretación, la asesoría, el acompañamiento que tuve en mi propia lengua. Pero algunas personas sordas dicen ‘No puedo’. Pero si se les pone un intérprete de lenguaje de señas que los acompañe, que los asesore, claro que sí pueden obtener lo que ellos quieran”, exclamó el ingeniero.

Con la ayuda de la intérprete Saraí Martínez Jiménez, planteó la necesidad de contar con intérpretes de lenguaje de señas mexicano en oficinas públicas, entre ellas, juzgados, la Fiscalía General del estado y el Instituto de la Defensoría Pública. “Los sordos no conocen que hay una ley que los protege, que tienen derechos. La ley les ampara a tener un intérprete”

En la República mexicana hay infinidad de casos en los cuales el sordo se queda sin el acompañamiento, sin la asesoría, hay temas que no conoce, hay palabras que no domina, necesita el acompañamiento para que el interprete le explique, agregó.

El ingeniero Salazar Frías labora en el centro En señas, del gobierno estatal, donde comparte sus conocimientos del lenguaje de señas mexicano para las personas oyentes que quieran aprenderlo, así como a los padres que tienen hijos sordos, para que tengan las herramientas necesarias para comunicarse con su hijo con discapacidad auditiva.

Llegó a Tabasco hace diez meses, comentó. “Para mí fue un cambio, de Zacatecas al sureste, otra cultura, la comida, por ejemplo, diferente, pero poco  me fui adaptando a la cultura del tabasqueño, es muy interesante, conocer personas, me gusta mucho”, indicó con ademanes propios del lenguaje de señas.

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