Simulacro de audiencia con personas sordas en nuevo juzgado de Jonuta
No.-
027/2019
Todos
los derechos para todas las personas
Plantean
necesidad de intérpretes
para
personas discapacitadas
·
Realizan
simulacro de audiencia inicial para formular imputación en nuevo juzgado de control y tribunal de
juicio oral en Jonuta
·
Atestiguan
el ejercicio, el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Enrique Priego
Oropeza, y el secretario de Gobierno, Marcos Rosendo Medina Filigrana
JONUTA,
Tab., 26 de febrero.- Eran poco después de las dos de la
tarde, cuando Noresma del Carmen Taba Moreno ingresó a la sala de juicios
orales para dar comienzo al simulacro de una audiencia inicial para formular
imputación a una persona sorda, Jesús Antonio Salazar Frías, supuestamente acusado
de haber cometido un robo en la tienda Fantasía, de la cabecera municipal de
Jonuta.
La ofendida, la señora Haydée Zurita Alfaro, denunció los
hechos y se encontraba también en la sala de juicios orales que previamente
habían inaugurado el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Enrique
Priego Oropeza y el secretario de Gobierno, Marcos Rosendo Medina Filigrana.
La licenciada Taba Moreno dio la instrucción para iniciar la
grabación de la audiencia y acto seguido entró a la sala la jueza Nina León
Guzmán, designada jueza del año en 2012, y explicó que tanto la víctima como el
imputado gozan de derechos y les preguntó si los conocían.
Mientras la víctima no tuvo problemas para señalar que sí
conocía estos derechos, entre ellos, gozar del auxilio de un asesor jurídico,
en el caso de Jesús Antonio la jueza advirtió
que era sordo y por ello pidió a su intérprete Saraí Martínez Jiménez,
especialista en lenguaje de señas mexicano, le manifestara si entendía los
cargos de los que se le acusaba y si conocía los derechos que la Constitución
mexicana y el Código Nacional de Procedimientos Penales establecen a su favor
como investigado.
Con ayuda de la intérprete, Jesús Antonio manifestó que no
conocía las leyes de Tabasco ni sus derechos humanos porque es originario de
Zacatecas, por lo que pidió al defensor privado le explicara estos derechos.
Ante
un auditorio repleto, donde se encontraban el presidente del Congreso del
estado, Tomás Brito Lara y el fiscal Jaime Humberto Lastra Bastar, el abogado
Samuel Ramos Torres comentó que de acuerdo al apartado B del artículo 20 constitucional,
son los mismos derechos para cualquier imputado en el territorio nacional,
entre ellos tener una defensa técnica y profesional, ofrecer pruebas, ser
juzgado en audiencia pública y que se presuma su inocencia.
Asimismo,
el investigado tiene derecho a declarar o guardar silencio, a que se le informe
los hechos que se le imputan, que se le faciliten los datos que solicite para
su defensa y sea juzgado antes de cuatro meses si se trata de delitos cuya pena
máxima no exceda de dos años de prisión y antes de un año si la pena excede de
ese tiempo.
Previamente,
por medio de la intérprete, la persona sorda dijo a la jueza León Guzmán que
necesitaba la asistencia de la especialista en lenguaje de señas y del abogado
particular porque no entendía términos jurídicos y tampoco contaba con recursos
para pagarlos.
La
licenciada Lorena Concepción Gómez González en el papel de fiscal del
Ministerio Público dio a conocer los hechos que se imputaban a Jesús Antonio, y
con ello la jueza Nina León dio por concluido el ejercicio que se prolongó por
15 minutos.
Justicia para todos
La jueza León Guzmán detalló
que cualquier persona que ha sido víctima de un delito puede acudir ante el
fiscal del Ministerio Público y a través de él pueden ser canalizados al juzgado.
Si trata de un imputado es también el fiscal quien lo llevará ante el juez para
que se judicialice su caso o si las partes llegan a un acuerdo, obtener
acuerdos reparatorios de daños o salidas alternas al proceso penal.
Al
recordar que las audiencias son públicas, salvo que las partes decidan lo
contrario, indicó que en la simulación del juicio contaron con el apoyo del
Colegio de Traductores, Intérpretes y Peritos y de Jesús Antonio Salazar,
maestro del centro En Señas. Pero en la práctica cotidiana, el Poder Judicial
cuenta con el auxilio de instituciones públicas como la Comisión Nacional para
el Desarrollo de los Pueblos Indígenas o el Instituto Nacional de Lenguas
Indígenas (Inali), que apoyan cuando se necesitan traductores de lenguas
autóctonas “porque el servicio de administración de justicia es para todos”.
Sí se puede, afirma profesionista sordo
El
ingeniero en Administración de Empresas, Jesús Antonio Salazar Frías, egresado
del Instituto Tecnológico de Zacatecas, narró que como persona sorda le ha
resultado difícil abrirse camino en la vida, “porque no hay atención, a pesar
de nuestro esfuerzo necesitamos siempre alguien que esté con nosotros, en
asesoría, en acompañamiento”
Con
32 años de edad y diez meses de residencia en Tabasco, Salazar Frías expresó
que en la mayoría de los casos las personas con discapacidad auditiva no pueden
ingresar a la educación superior. Incluso, confesó, él pensaba que solamente
estudiaría hasta la preparatoria, “pero me dijeron ‘Tú lo puedes hacer, no
importa, esfuérzate y lo lograrás’.
A
partir de ese momento empezó a estudiar hasta obtener su título, “a veces sin
ayuda, pero logré alcanzarlo. Había momentos en que yo decía ‘Ya voy a dejarlo
todo porque no puedo?, también porque tuve un accidente, pero el director del
instituto me dijo: “Tú puedes, yo te voy a ayudar. Si tú quieres te traigo un
intérprete para que te ayude y que continúes y no te quedes rezagado en tu
educación y alcances los niveles que tu quieres, a los que tu puedes aspirar y
tienes derecho’”.
“El
título lo obtuve gracias a la interpretación, la asesoría, el acompañamiento
que tuve en mi propia lengua. Pero algunas personas sordas dicen ‘No puedo’. Pero
si se les pone un intérprete de lenguaje de señas que los acompañe, que los
asesore, claro que sí pueden obtener lo que ellos quieran”, exclamó el
ingeniero.
Con
la ayuda de la intérprete Saraí Martínez Jiménez, planteó la necesidad de contar
con intérpretes de lenguaje de señas mexicano en oficinas públicas, entre
ellas, juzgados, la Fiscalía General del estado y el Instituto de la Defensoría
Pública. “Los sordos no conocen que hay una ley que los protege, que tienen
derechos. La ley les ampara a tener un intérprete”
En
la República mexicana hay infinidad de casos en los cuales el sordo se queda
sin el acompañamiento, sin la asesoría, hay temas que no conoce, hay palabras
que no domina, necesita el acompañamiento para que el interprete le explique, agregó.
El
ingeniero Salazar Frías labora en el centro En señas, del gobierno estatal,
donde comparte sus conocimientos del lenguaje de señas mexicano para las
personas oyentes que quieran aprenderlo, así como a los padres que tienen hijos
sordos, para que tengan las herramientas necesarias para comunicarse con su
hijo con discapacidad auditiva.
Llegó
a Tabasco hace diez meses, comentó. “Para mí fue un cambio, de Zacatecas al
sureste, otra cultura, la comida, por ejemplo, diferente, pero poco me fui adaptando a la cultura del tabasqueño,
es muy interesante, conocer personas, me gusta mucho”, indicó con ademanes
propios del lenguaje de señas.
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