Poder Judicial del Estado de Tabasco

No hay orden política para beneficiar o perjudicar: Priego Oropeza



Villahermosa, Tab., 1 de febrero de 2019.                                            No.- 019.

 

No hay orden política para beneficiar

 o perjudicar: Priego Oropeza

·        Señaló que en el caso del químico Andrés Granier y coacusados no hay ayuda ni orden de nadie, simplemente la aplicación de la ley   

 

En el caso del químico Andrés Rafael Granier Melo y coacusados no hay “ni ayuda ni orden de nadie, simplemente, lo que en derecho le corresponda” al ciudadano ampliamente conocido que fue gobernador del estado, “y lo mismo sucedió con el contador José Manuel Sáiz Pineda”, puntualizó el titular del Poder Judicial, Enrique Priego Oropeza.

Subrayó que los procesos penales que se tramitan en contra de quienes formaban parte del gabinete de Granier Melo siguen su curso y no ha existido perdón alguno. Los expedientes se analizan correctamente, “sin orden política de perjudicar o beneficiar a alguien”, aseveró.

“Si fuera un perdón ya estuvieran exonerados, hubiera una resolución de que no tienen delito que compurgar, pero no la hay. Se les está concediendo un derecho, un beneficio, que consagran la misma ley penal y la Constitución”, expuso.

Entrevistado poco antes de la sesión solemne durante la cual la LXIII Legislatura dio comienzo a su segundo periodo ordinario de sesiones, el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ)¸ indicó como en todos casos que se tramitan ante juzgados se va a aplicar “lo que se encontró en el expediente, lo que señalen la ley y el procedimiento penal”.

Detalló que por lo que se refiere al químico Granier Melo, por su edad la justicia federal le concedió el beneficio de ir a su domicilio, “y está en proceso, no está exonerado. Lo mismo sucedió acá.  Y los otros ex funcionarios es que la misma ley les concede ese beneficio de pedir la libertad caucional y se las estamos dando”.

Apuntó que en lo tocante a aquellas personas sujetas a proceso penal con 70 años cumplidos y que tengan derecho a la revisión de medida cautelar de prisión preventiva “se les va a conceder. La ley así lo señala”.

Enfatizó que él como titular del Poder Judicial responde solamente por lo que ocurra en la institución “desde el 1 de enero para acá”, toda vez  que a partir de esa fecha asumió la responsabilidad de que se resuelva lo que en derecho corresponda en este y en todos los casos.

Cuestionado sobre el tiempo en que concluirán los dos juicios del fuero común en los que se imputa a Andrés Granier, abundó que el proceso penal tiene sus etapas, “y si en tres meses hay que dictar sentencia, se dicta. Todavía no lo sabemos”.

         Estos juicios del fuero común se encuentran en revisión en la segunda sala penal del Tribunal Superior de Justicia, en el caso del expediente 157/2013, y por lo que se refiere al expediente 181/2013 se encuentra a la espera de que cause estado debido a que goza de libertad con reservas de ley decretada por el juzgado tercero penal y confirmada por la primera sala penal del TSJ.

En los casos del propio contador Sáiz Pineda,  Alejandro Villegas Aparicio y Mario Eslava Gómez, quienes obtuvieron su libertad bajo caución, precisó que en esos procedimientos “habían promociones que se acordaron favorablemente porque la ley así lo señala, así lo permite”.

Por otra parte, el también presidente del Consejo de la Judicatura informó que sigue recorriendo los juzgados de la entidad para conocer las condiciones en que se encuentran. Con anterioridad acudió a los juzgados ubicados en el municipio de Centro y este jueves lo hizo en los juzgados de Macuspana, Jalapa, Tacotalpa y Teapa.

Informó que también acudirá a supervisar los juzgados de las regiones  Chontalpa y Ríos, para evaluar cómo está el Poder Judicial físicamente. Comentó que lo que ha encontrado no es agradable, pero se está trabajando ya en la casa de la justicia de Centro. Las deficiencias se irán combatiendo poco a poco, indicó.

Además, reveló que hasta el momento ha concedido 725 audiencias para atender a los ciudadanos que tramitan juicios ante la institución, como parte de su política de puertas abiertas.

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