Boletín

Impera cumplimiento de ley y estándares de derechos humanos en Poder Judicial

  • La institución ha sido respetuosa de la Constitución y tratados internacionales en el caso de la licenciada Ondina Tum Pérez, como en todos los asuntos que se ventilan en el Poder Judicial

 

En el caso de la licenciada Ondina de Jesús Tum Pérez, como en todos los que se tramitan ante el Poder Judicial del Estado, ha imperado el cumplimento irrestricto de la ley y las normas legales nacionales e internacionales en materia de derechos humanos, y así seguirá ocurriendo, puntualizó la institución, al rechazar categóricamente señalamientos sobre violaciones a derechos humanos  y laborales, de quien mantiene un juicio ante el Juzgado Tercero Penal y se encuentra en espera de resolución de la justicia de la Federación.

         Hemos sido respetuosos de los derechos humanos de quienes acuden ante la justicia local, y de esa misma manera hemos dado cumplimiento al mandato de la justicia federal, apuntó la institución encabezada por el magistrado Jorge Javier Priego Solís.

         Ante declaraciones de la licenciada Tum Pérez, el Poder Judicial subraya su respeto a la garantía que todo ciudadano tiene a manifestar lo que a su derecho convenga.

La licenciada Ondina de Jesús Tum Pérez presta sus servicios como coordinadora del Comité de Asuntos Jurisprudenciales, adscrita al Comité de  Compilación, Sistematización y Publicación de Asuntos Aislados y Asuntos Jurisprudenciales Locales.

Desde  su ingreso al Poder Judicial --el 16 de noviembre de 1987--, a la fecha, la quejosa ha gozado de mil cuatro días de licencias médicas, expedidas por el  Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco (ISSET) esto es, más de dos años y siete meses de permisos.

De 2013 a la fecha, la licenciada Ondina Tum ha gozado de 738 días de licencias médicas, de los cuales 285 días corresponden a 2017, y 76 días de licencia médica corresponden a 2018, sin contar los innumerables permisos que ha solicitado durante su desempeño en el Poder Judicial.

El día de ayer se llevó a cabo una audiencia dentro de un procedimiento laboral para dar a la licenciada Tum Perez el derecho de audiencia ante seis ausencias laborales ocurridas dentro de un periodo de 30 días, entre los meses de marzo y abril, sin que haya presentado permisos, licencias médicas o causas justificadas por tales días.

Lo anterior pese a que la licenciada Tum Pérez afirmó haber asistido a sus labores, pero no existen constancias documentales que den sustento a tal aseveración.

Por otra parte, el Poder Judicial precisa que en el Juzgado Tercero Penal se tramita el juicio 06/2016, por el delito de abuso sexual contra una menor de identidad reservada, en el cual la licenciada Ondina Tum y su esposo, Ernesto Hernández Ramos, han promovido por lo menos cinco juicios de amparo por diferentes actos --dos de los cuales están pendientes de fallo por parte de la justicia federal--, así como más de 30 apelaciones.

El trámite de este juicio, como el de todos los que se ventilan en los Juzgados y las Salas del Tribunal Superior de Justicia, se ha efectuado con apego a los derechos humanos que se exigen para cada caso con respeto irrestricto a nuestra Constitución y a las leyes aplicables.

 

Respeto irrestricto a derechos de ciudadanos

La institución subraya que es incorrecta la aseveración de la licenciada Tum Pérez en el sentido que, por denunciar supuestas irregularidades en el proceso penal antes señalado, el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia, Jorge Javier Priego Solís ordenara una reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial para suprimir su plaza.

Como de todos es sabido, las reformas y la emisión de leyes corresponden al Poder Legislativo y en ningún momento se ha ordenado suprimir su plaza, simplemente se adecuó un procedimiento de designación  que no estaba regulado por la ley que estuvo vigente de 1980 hasta el 11 de mayo de 2016.

Con relación a los préstamos que refiere haber solicitado no fueron procedentes, el Poder Judicial precisa que la quejosa promovió juicio de amparo ante la justicia federal, pero éste fue sobreseído, con lo que la licenciada Tum no completó el relato sobre el tema.

De igual manera, en lo referente a los trámites que dice haber realizado ante organismos como la Comisión Nacional de Violencia contra las Mujeres (Conavim), Instituto Nacional de las Mujeres y Comisión Nacional de Derechos Humanos, la institución puntualiza que proporcionó a estas instancias la información que le han requerido sobre el particular.

En lo tocante a que se le suspendieron salarios sin facultades para ello, aun cuando goza de incapacidad médica debido a alteraciones mayúsculas a su salud, el Poder Judicial tabasqueño señala que, debido a que sus licencias médicas excedieron de 120 días, el artículo 61 de la Ley de Seguridad Social del Estado de Tabasco mandata que será el ISSET el que cubrirá sus salarios a lo cual se dio cumplimiento solicitando al ISSET le realizara los pagos.

Ante ello, la licenciada Tum Pérez promovió  juicio de amparo para que el Poder Judicial pagara sus salarios, respecto del cual le fue otorgada la suspensión del acto reclamado. A la fecha ese juicio de amparo fue sobreseído, por lo que la quejosa interpuso recurso de revisión el cual está pendiente de resolverse.

La quejosa asegura asimismo que el presidente del Tribunal Superior de Justicia no le entregó en diciembre pasado un premio por antigüedad, lo cual  es inexacto, toda vez que existe un comité que --de acuerdo a la convocatoria respectiva--, determina las personas que se harán acreedoras a tales estímulos, con lo que la decisión no es unipersonal.

Este tipo de acciones han sido práctica ordinaria de la licenciada Tum Pérez desde hace más de seis años, ya que existen cartas abiertas a la opinión pública en el mismo sentido, una de ellas que corresponde al 3 de noviembre de 2011, en la que hacía señalamientos al anterior titular del Poder Judicial y en aquella ocasión aducía que existía en su contra “relego, marginación, exclusión y discriminación”.  

En aras de que la sociedad cuente con elementos suficientes de análisis para forjarse una visión completa del caso, el Poder Judicial pone a consideración estas precisiones, y  enfatiza que tanto el Tribunal Superior de Justicia como el Consejo de la Judicatura son respetuosos de los derechos de los ciudadanos y de su libertad de expresión. 

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