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Demandan a Gobernación mayor apoyo para concretar reforma constitucional penal


• El presidente del Poder Judicial de Tabasco, Jorge Javier Priego Solís, plantea la necesidad de apoyo para gasto operativo
• Los edificios podrán ser funcionales y la capacitación adecuada, pero si no se prevé gasto operativo, el sistema puede colapsar, advierte
• El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, afirma que está en curso un estudio de SETEC para determinar el gasto operativo y en qué medida se apoyará a los estados
• La reforma penal y la oralidad dependerán de impulsar reformas en el Congreso de la Unión, de que se permita la autolimpieza de tribunales y recursos para sufragar gastos, señala Edgar Elías Azar

MEXICO, DF. 12 de agosto.- A 312 días de que entre en vigencia plena el sistema penal acusatorio oral en México, los integrantes de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de la República Mexicana (Conatrib) se reunieron con el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, con quien evaluaron los alcances y retos de esta obligación constitucional, y demandaron mayor apoyo de la Federación para cumplirle a los mexicanos con una justicia pronta, expedita e imparcial.

Osorio Chong puntualizó que el nuevo sistema no sólo requiere de leyes o de declaraciones de vigencia, sino de mujeres y hombres que lo traduzcan en una nueva forma de procurar, administrar e impartir la justicia en México.

“No nos conformemos con que el sistema funcione, tiene que funcionar de manera ejemplar, porque la ciudadanía no quiere discursos, quiere justicia imparcial, pronta, objetiva y transparente, quiere justicia plena al alcance de todos", señaló el titular de Gobernación, luego de que se planteara elevar a rango constitucional a la Conatrib --fundada hace más de 35 años--, tal como se prevé hacer con la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago).

El responsable de la política interna del país propuso someter la propuesta a una mesa de trabajo y presentar la iniciativa ante el Congreso de la Unión en el periodo ordinario de sesiones que dará comienzo en septiembre.

En el encuentro al que también acudieron el presidente del Poder Judicial de Tabasco, Jorge Javier Priego Solís y la secretaria técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal (SETEC), María de los Ángeles Fromow Rangel, Osorio Chong resaltó que todo Estado democrático tiene la obligación de garantizar que en su territorio exista una justicia eficaz y confiable para sus habitantes, que no haga distinción alguna en su aplicación, que sea pronta en sus procesos y expedita en sus resoluciones; que tenga como eje central el respeto a los derechos fundamentales de las personas y funcione para resolver conflictos de manera pacífica y con ello propiciar la cohesión social.

Reconoció además que el reto del gobierno de la República es lograr la consolidación del nuevo sistema de justicia al que calificó como uno de los objetivos más importantes que tiene el Estado mexicano.

"Una justicia eficaz es también el pilar fundamental de un Estado de derecho sólido y con ello de un México más seguro y con tranquilidad. De este tamaño es el reto al que estamos haciendo frente, de este tamaño es la transformación que debemos de concretar", aseguró el funcionario.




ATENDER RIESGOS, PLANTEA PRIEGO SOLÍS

En el marco de la reunión celebrada en la sede del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, el presidente del Poder Judicial de Tabasco recordó al secretario de Gobernación que hace año y medio se planteó a Fromow Rangel la necesidad de que la Federación apoye no solamente en materia de infraestructura y capacitación, sino de gasto operativo.

“Los edificios pueden ser muy funcionales y la capacitación podrá ser la adecuada, pero si no hay recursos para gasto operativo se corre el riesgo de que colapse el sistema”, manifestó en un planteamiento que fue apoyado por el resto de los titulares de poderes judiciales locales.

El secretario Osorio Chong comentó que el gobierno federal está a la espera de un estudio que se encargó al Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal, mediante el cual se determine cuál va a ser el monto para gasto corriente en la operación del sistema y en qué medida apoyará la administración federal.

Asimismo, se planteó a Osorio Chong que el Poder Judicial Federal requiere mucho apoyo de los poderes judiciales locales para notificar despachos en los centros penitenciarios estatales o federales, lo cual conlleva gastos que asume la autoridad estatal. Pretende tratar como sus empleados a los integrantes de los tribunales de justicia estatales, a los que amenaza con destituirlos o multarlos si no se cumplen las notificaciones, indicaron.

Además, se expuso una queja en contra de los jueces de distrito ya que éstos, de forma recurrente, conceden amparos contra las sanciones administrativas de los consejos de la Judicatura locales, en la idea de autoblindarse para que cuando a ellos los sancione el Consejo de la Judicatura Federal ya exista jurisprudencia.

De igual forma, existe el reclamo porque también de manera sistemática conceden amparos contra la rotación de personal con lo que invaden y limitan la autonomía de los poderes judiciales locales.

Ante ello, el secretario de Gobernación propuso crear una mesa de trabajo compacta, coordinada por el consejero jurídico del Poder Ejecutivo, Humberto Castillejos Cervantes, la cual deberá conformarse a la brevedad posible, para analizar esta problemática y plantear soluciones.




AUTOLIMPIEZA Y AUTONOMÍA PRESUPUESTAL: EDGAR E. AZAR

En el encuentro, el presidente de Conatrib, Edgar Elías Azar, sentenció que los poderes judiciales locales asumen su compromiso con la reforma penal, pero éste exige “nuestra cabal autonomía presupuestal y financiera”, ya que “queremos mandar en nuestras vidas soberanas e independientes”.

Sostuvo que el éxito de la justicia en México, en términos de la implementación de la reforma penal y la oralidad en el resto de las materias, dependerá de garantizar tres aspectos:

Primero, que desde el Congreso de la Unión se apoyen las modificaciones y reformas necesarias al Código Nacional de Procedimientos Penales, para erradicar prácticas que son propias del antiguo sistema y no permiten que el nuevo sistema penal resplandezca.

En segundo término, que se garantice a los tribunales locales un procedimiento adecuado y ágil que permita su autolimpieza, a través del cual los consejos de la Judicatura y los plenos de magistrados puedan decidir sobre la sustitución de personal judicial, sin que dichas determinaciones sean decididas por un juez federal que resuelva en contra de los intereses de los tribunales que conocen su situación, mientras los juzgadores federales están ajenos a ella.

Y por último, manifestó, se debe concretar una fórmula de corresponsabilidad con la que los gobiernos federal y estatales convengan un mecanismo para hacer llegar los recursos a los tribunales locales para sufragar los gastos, no sólo aquellos relativos a la implementación de las reformas en materia de justicia, sino de su crecimiento y operatividad cotidiana.

“No queremos ver tribunales con actividades suspendidas, cerrándole la puerta a la justicia, por falta de recursos, como ya se dieron los casos de Guerrero y Michoacán”, explicó.

Advirtió que si no se cuenta con una fórmula de esa naturaleza que permita a los tribunales contar en automático con los recursos necesarios, la implementación de la nueva justicia mexicana correrá el riesgo de fracasar.

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