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Poderes Ejecutivo y Judicial plantean reforma constitucional del Poder Judicial



• Se propone la creación de una sala especial constitucional que vele por el cumplimiento de derechos humanos, anule leyes locales inconstitucionales, y dirima controversias constitucionales entre los poderes o de éstos con los ayuntamientos

• La sala primera penal del Tribunal Superior de Justicia podrá conocer de delitos de corrupción de gobernantes

• El presidente del Tribunal Superior de Justicia, Jorge Javier Priego, informó que la iniciativa ya ingresó a la Cámara de Diputados; se busca reforzar competencias del Poder Judicial



Para reforzar las competencias del Poder Judicial de Tabasco en materia de protección de derechos humanos establecidos en las constituciones local y federal, así como tratados internacionales signados por México, los poderes Ejecutivo y Judicial enviaron al Congreso estatal una iniciativa de reformas a la Constitución tabasqueña para su discusión y eventual aprobación, luego de lo cual deberá ser sometida a la consideración de los 17 cabildos de los ayuntamientos.

Con la iniciativa conjunta, el gobernador Arturo Núñez Jiménez y el magistrado presidente del Poder Judicial, Jorge Javier Priego Solís, proponen la creación de una sala especial constitucional que conocerá de acciones de inconstitucionalidad, con lo que la institución tendrá facultades de control de constitucionalidad, tal como ocurre con la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), e incluso podrá anular leyes locales consideradas inconstitucionales.

La iniciativa --la cual ya había anunciado el gobernador Núñez Jiménez el pasado 25 de junio durante el cuadragésimo segundo Congreso Nacional Ordinario y Asamblea General de la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos-- fortalecerá el control del poder del Estado democrático de derecho, mediante la configuración de la garantía judicial de la supremacía constitucional.

En esa ocasión, el jefe del Ejecutivo estatal enfatizó que con la iniciativa se construye el complemento de la reforma en materia de derechos humanos --lograda en Tabasco en 2013--, a través de la postulación de las garantías jurisdiccionales y políticas que permiten hacer valer la supremacía de la Constitución local, donde se establecen los derechos fundamentales y la división de poderes, e introducirá, a la vez cambios orientados a mejorar la administración de justicia para hacer prevalecer las leyes en los conflictos entre particulares.

La iniciativa de reforma constitucional al Poder Judicial se basa en la nueva forma de concebir los derechos humanos y su protección, y busca incrementar la calidad profesional y asegurar la honestidad en la prestación del servicio público de administración de justicia, dijo.

El magistrado Priego Solís explicó que de esta manera se dará cumplimiento a uno de los componentes de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en torno al caso de Rosendo Radilla Pacheco contra México. Radilla Pacheco fue un maestro rural detenido ilegalmente en un retén militar en Guerrero el 25 de agosto de 1974, y sometido a desaparición forzosa, por lo cual la CIDH condenó al Estado mexicano a establecer garantías judiciales y protección judicial y cumplir con estándares internacionales aplicables a la administración de justicia.

Explicó que con la creación de la sala especial constitucional los jueces locales de Tabasco protegerán eficazmente los derechos de los ciudadanos desde que éstos acuden a ellos en busca de justicia. En caso de que estos jueces más cercanos al ciudadano fallen en su encomienda, se podrá solicitar el amparo de una de las salas del Tribunal Superior de Justicia para proteger los derechos vulnerados.

Manifestó que la reforma a la Carta Magna tabasqueña creará un tribunal local denominado sala especial constitucional, que --como sucede en el ámbito federal con la Suprema Corte de Justicia de la Nación--- conocerá de acciones de inconstitucionalidad por medio de las cuales se podrán anular leyes aprobadas por el Congreso de Tabasco que sean contrarias a la Constitución local.

Agregó que conocerá también de controversias constitucionales para dirimir los conflictos entre los poderes Ejecutivo y Legislativo del estado o de éstos con los ayuntamientos; y también podrá proteger derechos humanos violados por las autoridades de Tabasco o sus municipios.



COMBATE A LA CORRUPCIÓN

El presidente del Poder Judicial comentó que actualmente se puede acudir a la Suprema Corte de Justicia para dirimir conflictos que contempla la mencionada reforma a la Constitución de Tabasco, pero con la inconveniencia de que la Corte está saturada de casos que provienen de todo el país, por lo que a veces el máximo tribunal de la República tarda hasta cuatro años en resolver asuntos políticos de los tabasqueños.

Otro inconveniente, mencionó, es el alto costo que implica este tipo de litigios federales --con cargo a los contribuyentes tabasqueños-- ya que los abogados deben presentar pruebas y dirimir los conflictos en la Ciudad de México, sede la Corte suprema.

De ahí, que --dijo-- con la reforma a la Constitución tabasqueña se abrirá una vía más rápida y barata a ciudadanos para ventilar conflictos políticos locales y la protección judicial de sus derechos humanos.

Asimismo, la iniciativa contempla atribuir competencia a la sala primera en materia penal del Tribunal Superior de Justicia para conocer de los delitos de corrupción de los gobernantes, ya sea que quienes delinquen sean integrantes de los poderes Ejecutivo, Legislativo o Judicial, o de organismos autónomos como los institutos Electoral y de Participación Ciudadana (IEPCT), y Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública (ITAIP).

Puntualizó que con ello se busca que los magistrados de esta sala sean verdaderos especialistas en este tipo de delitos contra el servicio y el erario públicos, para que los políticos que utilicen el poder del pueblo para sus fines particulares rindan cuentas de sus actos.

Además, para inhibir la corrupción en el Poder Judicial de Tabasco, o reaccionar contra ella, se establece la obligación de la transparencia de las sentencias que emiten los jueces y magistrados. A la conclusión de los procesos, las sentencias se harán públicas por internet, de acuerdo con el ejemplo que ha marcado la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

La iniciativa de reforma constitucional fija también las causales por las cuales se puede remover a un magistrado del Tribunal Superior de Justicia. Entre ellas se prevé que se pueda terminar la relación laboral con un magistrado por el bajo desempeño en su trabajo o por desviar el poder de juzgar en perjuicio de la recta administración de la justicia y los derechos de los gobernados, esto es, por corrupción.

El magistrado Priego Solís sostuvo que una vez que ha ingresado esta iniciativa a la Cámara de Diputados, “esperamos ahora la labor de los legisladores para concluir este esfuerzo de cambio de los poderes Ejecutivo y Judicial, pues a partir de la aprobación de la reforma a la Constitución se tendrán que hacer las leyes reglamentarias de dicha reforma”.

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