Boletín

Coordinan esfuerzos jueces, fiscales y defensores de oficio

Villahermosa, Tab., 27 de junio de 2019.                                        No.- 084.

 

Concretan cuarto conversatorio penal

Coordinan esfuerzos jueces, fiscales y defensores de oficio

·        Con respeto a sus ámbitos de competencia, operadores jurídicos analizaron temas como Derecho preferencial del imputado al asignar un defensor particular, Legalidad de la detención e Imputación

·        Hay avances, asevera el magistrado Gregorio Romero Tequextle, ante necesidad de apoyarse para cumplir objetivos de la justicia y la seguridad pública en el marco de la ley

·        A partir de la llegada de Jaime Humberto Lastra Bastar a la Fiscalía General se han incrementado cursos y talleres para fiscales y peritos, indica el vicefiscal Nicolás Bautista Ovando

 

En búsqueda de soluciones a problemas que enfrentan desde sus ámbitos de competencia, magistrados y jueces del Tribunal Superior de Justicia sostuvieron una reunión de trabajo con fiscales del Ministerio Público y defensores públicos en el marco del cuarto conversatorio penal, ejercicio de análisis en el cual previamente participaron magistrados y juzgadores del décimo circuito federal.

A nombre del titular del Poder Judicial, Enrique Priego Oropeza, el presidente de la primera sala penal, Gregorio Romero Tequextle, consideró grato este encuentro, para encontrar respuestas a los problemas que enfrentan diariamente, cada uno desde su trinchera, debido a que los operadores jurídicos --policías, defensores públicos, fiscales del Ministerio Público, jueces y magistrados del Tribunal Superior de Justicia-- constituyen un conjunto armonioso, un equipo que pertenece al objetivo de hacer justicia y lograr la seguridad pública.

Romero Tequextle recordó que los policías dicen que ellos detienen a los infractores de la ley y luego en la fiscalía o los jueces los sueltan, pero “lo que no saben es que ellos mismos son responsables que esto suceda, por eso más adelante se buscará platicar también con ellos y hacerles entender el porqué de los procedimientos”.

 Lo mismo sucede con los fiscales, dijo, de quienes conoce su trabajo toda vez que ya fue procurador general de Justicia. “A veces luchan en esas 48 horas para lograr datos de prueba que lleven a que se judicialice la carpeta de investigación y sin embargo resulta que dejan en libertad a los presuntos responsables, pero hay que ser conscientes de que por las carreras o insuficiencias no se logra integrar adecuadamente la carpeta de investigación”.

Por ello, para aclarar dudas, se invitó a defensores públicos y fiscales del Ministerio Público a analizar temas como Derecho preferencial del imputado al asignar un defensor particular, presentado por Sergio Collado de la Cruz y Mariano Altamirano Castro, del Instituto de la Defensoría Pública; Legalidad de la detención, a cargo del magistrado Gregorio Romero Tequextle y el tema Imputación, que expuso Juan Antonio Ross Balcázar, de la Fiscalía General del estado.

En el conversatorio penal todos están al mismo nivel, todos tienen derecho a hablar y a exponer los asuntos que crean pertinentes, hacer las preguntas necesarias y tratar de encontrar cuando menos una vereda a la solución de la problemática, refirió el magistrado Gregorio Romero.

Nicolás Bautista Ovando, vicefiscal de Delitos Comunes, mencionó que ese tipo de encuentros ayuda a unificar criterios, no para pedir favores o violentar la ley, sino para saber cómo llevar las carpetas de investigación a los juzgados y que puedan judicializarse debidamente, esto es que jueces, defensores públicos y fiscales tengan la misma idea.

En su experiencia como juez penal y ahora como miembro de la Fiscalía General del estado, Bautista Ovando señaló que el cambio al nuevo sistema penal ha sido bueno, poco a poco la gente va entendiendo cómo se van dando los cambios de procedimientos y se tienen que ajustar al Código Penal.

Ante la sugerencia para que los fiscales sean concretos en las audiencias y al presentar el hecho circunstanciado de las denuncias, el vicefiscal informó que a partir de la llegada de Jaime Humberto Lastra Bastar como nuevo titular de la Fiscalía General se han incrementado los cursos y talleres y se ha buscado que los fiscales y peritos se capaciten también en otros estados.

Sergio Collado de la Cruz, quien participó en el primer juicio oral que se realizó en el estado, destacó la importancia de homologar criterios de aplicación del nuevo sistema de justicia penal. Detalló que como operadores frecuentemente se encuentran con problemas que van en detrimento de la impartición de justicia y las personas que son imputadas, sobre todo cuando se retrasa el proceso y hay prisión preventiva de por medio.

Reconoció que el cúmulo de trabajo para la defensoría es muy fuerte y  al homologar criterios se busca que las audiencias sean concretas y más agiles.

Aseveró que la impartición de justicia en el estado ha evolucionado, los abogados tienen conocimiento del sistema y otros se han involucrado en el tema. Ha habido profesionalización de jueces, magistrados y defensores públicos.

Sin embargo, existe la queja de que los defensores privados en reiteradas ocasiones abandonan la defensa y necesariamente debe llegar la defensoría pública a responsabilizarse de los asuntos a pesar de la carga de trabajo, lo que origina que se distraigan en asuntos no previstos y no se le dé seguimiento personalizado a otros.

Jueces, fiscales y defensores coincidieron en la necesidad de tomar medidas y que se impongan sanciones ejemplares a los abogados particulares que reiteradamente dejan de acudir a las audiencias y justifican tener  audiencias en otros municipios, están enfermos o fuera del estado, lo que complica la situación de la víctima u ofendido.

Salvador Palacios, coordinador de los defensores públicos, propuso que en esto casos si un defensor privado incumple con su función antes de nombrar a un defensor particular se declare el abandono de defensa, a afecto que ya no se le dé intervención al abogado e incluso se dé vista al fiscal del Ministerio Público para que se inicie una carpeta por abandono de defensa.

Posteriormente sí podría designarse de manera formal un defensor de acuerdo a los requerimientos de la carpeta y con tiempo necesario, para así respetar los derechos preferenciales del imputado. De lo contrario se van a seguir presentando estos casos, apuntó.

José Luna Ramos, defensor público, coincidió con este diagnóstico y por ello planteó aplicar medidas ejemplares a los abogados particulares que lucren y abandonen a sus defendidos con pretextos, entre ellas que expliquen frente al imputado y la víctima porqué van a abandonar los casos.

Gabriel Vázquez Gutiérrez, coordinador de defensores públicos en la región IV con sede en Emiliano Zapata, observó que el Código Nacional de Procedimientos Penales precisa que toda persona que se hace cargo de una defensa debe tener los conocimientos técnicos y jurídicos para llevarla de manera adecuada, tal como establece la Constitución. Tomar una defensa es un compromiso legal y moral que deben llevar hasta su final o hasta que imputado solicite su cambio, sostuvo.

Al término de este cuarto conversatorio, el magistrado Gregorio Romero comentó que hay asuntos que se deben continuar analizando con todas las instituciones involucradas en sistema de justicia penal, porque es menester homologar criterios para cumplir con el objetivo de hacer justicia.

Indicó que hay avances, porque este tipo de reuniones obliga a los participantes a seguir estudiando y también se aprende de los demás. Manifestó que únicamente los que están aplicando el Derecho saben los problemas que enfrentan, de ahí la necesidad de ir de la mano apoyándose para cumplir con el objetivo en el marco de la ley y dentro de sus competencias.

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