Coordinan esfuerzos jueces, fiscales y defensores de oficio
Villahermosa, Tab., 27 de
junio de 2019. No.-
084.
Concretan
cuarto conversatorio penal
Coordinan
esfuerzos jueces, fiscales y defensores de oficio
·
Con
respeto a sus ámbitos de competencia, operadores jurídicos analizaron temas
como Derecho preferencial del imputado
al asignar un defensor particular, Legalidad de la detención e Imputación
·
Hay
avances, asevera el magistrado Gregorio Romero Tequextle, ante necesidad de
apoyarse para cumplir objetivos de la justicia y la seguridad pública en el
marco de la ley
·
A
partir de la llegada de Jaime Humberto Lastra Bastar a la Fiscalía General se
han incrementado cursos y talleres para fiscales y peritos, indica el
vicefiscal Nicolás Bautista Ovando
En búsqueda de soluciones
a problemas que enfrentan desde sus ámbitos de competencia, magistrados y
jueces del Tribunal Superior de Justicia sostuvieron una reunión de trabajo con
fiscales del Ministerio Público y defensores públicos en el marco del cuarto
conversatorio penal, ejercicio de análisis en el cual previamente participaron
magistrados y juzgadores del décimo circuito federal.
A
nombre del titular del Poder Judicial, Enrique Priego Oropeza, el presidente de
la primera sala penal, Gregorio Romero Tequextle, consideró grato este
encuentro, para encontrar respuestas a los problemas que enfrentan diariamente,
cada uno desde su trinchera, debido a que los operadores jurídicos --policías,
defensores públicos, fiscales del Ministerio Público, jueces y magistrados del
Tribunal Superior de Justicia-- constituyen un conjunto armonioso, un equipo
que pertenece al objetivo de hacer justicia y lograr la seguridad pública.
Romero
Tequextle recordó que los policías dicen que ellos detienen a los infractores de
la ley y luego en la fiscalía o los jueces los sueltan, pero “lo que no saben
es que ellos mismos son responsables que esto suceda, por eso más adelante se
buscará platicar también con ellos y hacerles entender el porqué de los procedimientos”.
Lo mismo sucede con los fiscales, dijo, de
quienes conoce su trabajo toda vez que ya fue procurador general de Justicia.
“A veces luchan en esas 48 horas para lograr datos de prueba que lleven a que
se judicialice la carpeta de investigación y sin embargo resulta que dejan en
libertad a los presuntos responsables, pero hay que ser conscientes de que por
las carreras o insuficiencias no se logra integrar adecuadamente la carpeta de
investigación”.
Por
ello, para aclarar dudas, se invitó a defensores públicos y fiscales del Ministerio
Público a analizar temas como Derecho
preferencial del imputado al asignar
un defensor particular, presentado por Sergio Collado de la Cruz y Mariano
Altamirano Castro, del Instituto de la Defensoría Pública; Legalidad de la detención, a cargo del magistrado Gregorio Romero
Tequextle y el tema Imputación, que expuso
Juan Antonio Ross Balcázar, de la Fiscalía General del estado.
En
el conversatorio penal todos están al mismo nivel, todos tienen derecho a
hablar y a exponer los asuntos que crean pertinentes, hacer las preguntas necesarias
y tratar de encontrar cuando menos una vereda a la solución de la problemática,
refirió el magistrado Gregorio Romero.
Nicolás
Bautista Ovando, vicefiscal de Delitos Comunes, mencionó que ese tipo de
encuentros ayuda a unificar criterios, no para pedir favores o violentar la
ley, sino para saber cómo llevar las carpetas de investigación a los juzgados y
que puedan judicializarse debidamente, esto es que jueces, defensores públicos
y fiscales tengan la misma idea.
En
su experiencia como juez penal y ahora como miembro de la Fiscalía General del
estado, Bautista Ovando señaló que el cambio al nuevo sistema penal ha sido
bueno, poco a poco la gente va entendiendo cómo se van dando los cambios de
procedimientos y se tienen que ajustar al Código Penal.
Ante
la sugerencia para que los fiscales sean concretos en las audiencias y al
presentar el hecho circunstanciado de las denuncias, el vicefiscal informó que
a partir de la llegada de Jaime Humberto Lastra Bastar como nuevo titular de la
Fiscalía General se han incrementado los cursos y talleres y se ha buscado que
los fiscales y peritos se capaciten también en otros estados.
Sergio
Collado de la Cruz, quien participó en el primer juicio oral que se realizó en
el estado, destacó la importancia de homologar criterios de aplicación del
nuevo sistema de justicia penal. Detalló que como operadores frecuentemente se
encuentran con problemas que van en detrimento de la impartición de justicia y las
personas que son imputadas, sobre todo cuando se retrasa el proceso y hay
prisión preventiva de por medio.
Reconoció
que el cúmulo de trabajo para la defensoría es muy fuerte y al homologar criterios se busca que las
audiencias sean concretas y más agiles.
Aseveró
que la impartición de justicia en el estado ha evolucionado, los abogados tienen
conocimiento del sistema y otros se han involucrado en el tema. Ha habido
profesionalización de jueces, magistrados y defensores públicos.
Sin
embargo, existe la queja de que los defensores privados en reiteradas ocasiones
abandonan la defensa y necesariamente debe llegar la defensoría pública a responsabilizarse
de los asuntos a pesar de la carga de trabajo, lo que origina que se distraigan
en asuntos no previstos y no se le dé seguimiento personalizado a otros.
Jueces,
fiscales y defensores coincidieron en la necesidad de tomar medidas y que se
impongan sanciones ejemplares a los abogados particulares que reiteradamente dejan
de acudir a las audiencias y justifican tener
audiencias en otros municipios, están enfermos o fuera del estado, lo
que complica la situación de la víctima u ofendido.
Salvador
Palacios, coordinador de los defensores públicos, propuso que en esto casos si un
defensor privado incumple con su función antes de nombrar a un defensor
particular se declare el abandono de defensa, a afecto que ya no se le dé
intervención al abogado e incluso se dé vista al fiscal del Ministerio Público para
que se inicie una carpeta por abandono de defensa.
Posteriormente
sí podría designarse de manera formal un defensor de acuerdo a los
requerimientos de la carpeta y con tiempo necesario, para así respetar los
derechos preferenciales del imputado. De lo contrario se van a seguir
presentando estos casos, apuntó.
José
Luna Ramos, defensor público, coincidió con este diagnóstico y por ello planteó
aplicar medidas ejemplares a los abogados particulares que lucren y abandonen a
sus defendidos con pretextos, entre ellas que expliquen frente al imputado y la
víctima porqué van a abandonar los casos.
Gabriel
Vázquez Gutiérrez, coordinador de defensores públicos en la región IV con sede
en Emiliano Zapata, observó que el Código Nacional de Procedimientos Penales precisa
que toda persona que se hace cargo de una defensa debe tener los conocimientos
técnicos y jurídicos para llevarla de manera adecuada, tal como establece la Constitución.
Tomar una defensa es un compromiso legal y moral que deben llevar hasta su
final o hasta que imputado solicite su cambio, sostuvo.
Al
término de este cuarto conversatorio, el magistrado Gregorio Romero comentó que
hay asuntos que se deben continuar analizando con todas las instituciones
involucradas en sistema de justicia penal, porque es menester homologar
criterios para cumplir con el objetivo de hacer justicia.
Indicó
que hay avances, porque este tipo de reuniones obliga a los participantes a
seguir estudiando y también se aprende de los demás. Manifestó que únicamente los
que están aplicando el Derecho saben los problemas que enfrentan, de ahí la
necesidad de ir de la mano apoyándose para cumplir con el objetivo en el marco
de la ley y dentro de sus competencias.
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