Poder Judicial del Estado de Tabasco

No hay justificación para la tortura



Villahermosa, Tab., 21 de junio de 2019.                                     No.- 081.

 

No hay justificación para la tortura

·        Jesús Alberto Ávila Garavito, presidente del tribunal colegiado en materia penal del décimo circuito en Tabasco, disertó la conferencia Implicaciones jurídicas de la tortura

·        El Estado tiene la obligación de condenar este delito en las leyes nacionales y sancionar a quien lo comete con penas adecuadas, indica

 

La tortura no tiene justificación en ningún caso y su prohibición forma parte del respeto a los derechos a la integridad plena y a la salud física y mental de la persona, lo cual no admite excepciones. Su vigencia no puede alterarse ni siquiera durante una emergencia que amenace la vida de la Nación, puntualizó Jesús Alberto Ávila Garavito, presidente del tribunal colegiado en materia penal del décimo circuito en Tabasco, al disertar la conferencia denominada Implicaciones jurídicas de la tortura, auspiciada por el Tribunal Superior de Justicia.

Jesús Alberto Ávila, doctor en Derecho por la Universidad de Durango, y maestro en Procuración, Administración de Justicia y Litigación Oral por la Universidad del Valle de México, afirmó que la prohibición de la tortura constituye una norma imperativa e inderogable del Derecho internacional público.

Detalló que uno de los elementos que contribuyó a la consolidación de esta prohibición de carácter absoluto fue el hecho de que la tortura constituye una ofensa directa a la dignidad humana, razón por la que se considera como una de las más graves violaciones a los derechos humanos.

Al comentar que México ha sido condenado en todas las demandas por violaciones a derechos humanos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) --fundamentalmente en los casos de Rosendo Radilla Pacheco e Inés Fernández Ortega, perpetrados por elementos del Ejército mexicano en zonas indígenas de Guerrero en 1974 y 2002, respectivamente--, el juzgador federal sostuvo que se habla de tortura cuando se dan tres aspectos.

La naturaleza del acto consiste en la afectación física o mental grave, que estas afectaciones sean infringidas intencionalmente, así como que tenga un propósito determinado, ya sea para obtener una confesión o información para castigar o intimidar o para cualquier otro fin que tenga como objeto menoscabar la personalidad o la integridad física y mental de la persona, explicó quien laboró en la Procuraduría General de Justicia de Jalisco como actuario y secretario del Ministerio Público.

Conforme al marco constitucional mexicano y las convenciones y tratados internacionales signados por nuestro país, se prohibió la tortura y con ello se protegió como derecho absoluto la integridad de las personas.

Indicó que sus consecuencias y efectos impactan en dos vertientes, toda vez que se violan derechos humanos y puede constituir un delito.

Ávila Garavito, el cual se ha desempeñado como oficial administrativo, actuario, secretario de juzgados de distrito y tribunales colegiados de circuito, así como juez de distrito en el Poder Judicial de la Federación, señaló que ante un hecho de tortura el Estado tiene como obligación establecer en las leyes nacionales la condena de ésta como delito consumado o tentativa, sancionar a quien la comete o a quien colabore o participe en ella y hacerlo con penas adecuadas.

Además, debe indemnizar a las víctimas, prestar todo el auxilio posible al proceso penal relativo a los delitos y prohibir que toda declaración o confesión que haya sido obtenida bajo tortura sea considerada válida para los efectos de configurar prueba en procedimiento alguno.

En el auditorio Antonio Suárez Hernández, donde se dieron cita magistrados del Tribunal Superior de Justicia, consejeros de la Judicatura, jueces penales, así como fiscales del Ministerio Público, convocados por la Unidad de Género y Derechos Humanos del tribunal local, Ávila Garavito recibió un reconocimiento por su aportación en la actualización de conocimientos de loa funcionarios de parte del magistrado Gregorio Romero Tequextle.

A nombre del presidente del Tribunal Superior de Justicia, Enrique Priego Oropeza, el magistrado Romero Tequextle manifestó que este tipo de ejercicios tiene como objetivo analizar problemas reales, y concientizar al personal del Poder Judicial y la fiscalía sobre las implicaciones del tema.

Agregó que los funcionarios de ambas instituciones han demostrado interés en conocer bien la ley, las opiniones de los jueces y magistrados federales para cumplir mejor su trabajo. Es una actualización en todo lo nuevo que va saliendo en la legislación, tesis jurisprudenciales que va sacando la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) o los tribunales de circuito, lo que permite estar consciente que el trabajo no puede ser definido permanentemente como antes sucedía, y se tiene que ir actualizando.

 

Juzgados de paz se quedaron sin materia

Cuestionado sobre la propuesta enviada por el Ejecutivo al Congreso local, para reformar y derogar disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial y el Código de Procedimientos Civiles, a fin de reasignar la competencia de los juzgados de paz a los juzgados de primera instancia que conocen de las materias penal y civil, el magistrado Gregorio Romero aseveró que estos juzgados ya cumplieron su ciclo.

Se quedaron sin materia en lo que se refiere a la materia penal pues los expedientes se tramitan ahora en los juzgados del sistema oral y los pocos asuntos que quedan en materia civil pasarán a los juzgados civiles de primera instancia, indicó.

Informó que el personal de los dos juzgados de paz que quedan se integrará a otros juzgados civiles que se abrirán para fortalecer el sistema judicial de acuerdo a las necesidades del servicio de administración de justicia en la entidad.

Y sobre la modificación en el número de magistrados que integran el pleno del Tribunal Superior de Justicia, comentó que el Congreso local deberá analizar con propiedad cuántos serán necesarios, pues en lo que se refiere a la materia civil solamente se tienen dos salas.

Al evento acudieron también la magistrada Guadalupe Pérez Ramírez, quien fungió como moderadora, los consejeros Beatriz Galván Hernández, Maribel Quintana Correa y Jesús Alberto Mosqueda Domínguez, así como William Aarón Cabrera Pascasio, titular de la Fiscalía Especializada en la Investigación del Delito de Tortura.

 

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