Poder Judicial del Estado de Tabasco

Homologan criterios durante primer Conversatorio Penal de Magistrados y Jueces



Villahermosa, Tab., 2 de junio de 2019.                                              No.- 071.

 

Homologan criterios jueces  

y magistrados penales

·        Se efectuó el primer Conversatorio Penal de Magistrados y Jueces; es un instrumento de comunicación entre juzgadores, indica el magistrado Gregorio Romero Tequextle

·        Se expusieron temas como inmediación, apelación adhesiva, valoración probatoria de mensajes extraídos en redes sociales, y alcances de la ejecución de las sentencias de amparo

 

Para analizar temas que atienden con mayor recurrencia juzgadores del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), se llevó a cabo el primer Conversatorio Penal de Magistrados y Jueces, en el ánimo de promover la homologación de criterios que ayuden a resolver con mayor atingencia los juicios en los que se dé a cada parte lo que por ley le corresponde.

En representación del titular del Tribunal Superior de Justicia, Enrique Priego Oropeza, el presidente de la primera sala penal, Gregorio Romero Tequextle, señaló que este tipo de conversatorios son un instrumento esencial para la comunicación entre jueces y magistrados, para analizar y homologar criterios que permitan impartir justicia de mejor manera.

Romero Tequextle explicó que la idea del encuentro es que magistrados y jueces debatieran con respeto, en un plano de igualdad, como profesionales del Derecho que son.

Aseguró que el pasado permite avanzar en el presente y hacia futuro, y recordó que cuando el licenciado Manuel Antonio Zurita Oropeza fue procurador de Justicia, en la década de los 80, se realizaba este tipo de encuentros con agentes del Ministerio Público y subprocuradores de Justicia.

El entonces procurador de Justicia, quien hasta su fallecimiento fuera notario número 4, de Villahermosa, sostenía que cuando se habla de Derecho no hay jerarquías, todos saben, todos tienen qué decir y todos pueden tener la razón. Esto permitió homologar criterios para hacer mejor las cosas en el ámbito de la procuración de justicia en ese tiempo, manifestó el magistrado Romero Tequextle.

Agregó que este primer conversatorio será la base para la realización de otros donde también participen jueces y magistrados especializados en el Derecho civil, así como juzgadores federales, para escuchar sus puntos de vista y se entiendan mejor algunas interpretaciones jurídicas en aras de brindar un servicio expedito y completo a la ciudadanía.

En este primer encuentro se abordaron los temas Inmediación en la audiencia inicial, a cargo de la magistrada Guadalupe Pérez Ramírez;  Apelación adhesiva, por el magistrado Dorilián Moscoso López; Valoración probatoria  de los mensajes extraídos en redes sociales, analizado por el magistrado Samuel Ramos Torres, y Los alcances de la ejecución de las sentencias de amparo en cuanto a la valoración de prueba, que expuso la magistrada Rosa Isela Gómez Vázquez.

El director del Centro de Especialización Judicial, Pedro Haddad Bernat, indicó que este primer encuentro proyecta la unión de la Judicatura que brinda certeza al ciudadano sobre cómo se mantiene activa, actualiza sus conocimientos y se organiza internamente, para lograr criterios propios que le ayuden a decidir mejor, lo que es constitutivo de su independencia e imparcialidad.

         El magistrado Samuel Ramos Torres afirmó que los mensajes extraídos de redes sociales son confiables como datos de prueba, los cuales pueden presentarse en un juicio si se saben extraer o manejar y aunque la Fiscalía General del Estado cuenta con peritos que validan la información, el Poder Judicial podría contar con estos especialistas.

Comentó que de acuerdo a la Unidad de Investigación de Delitos Informáticos de la Fiscalía General hay muy poco margen de error para obtener o extraer mensajes y conversaciones de las redes sociales que pueden servir como elementos de prueba.

Observó que organismos internacionales se han colocado en medio del bombardeo de lo que está sucediendo en las redes y la información que se maneja, controlan los contenidos de cualquier red, principalmente donde hay menores de edad  y estos organismos pueden dar la facilidades para que una institución judicial o el órgano investigador acceda a ellos, a través de  metadatos y hash que arrojan si son auténticos o manipulados.

Con estricto respeto a las leyes, se pueden obtener mediante mandato judicial conversaciones, llamadas, textos, imágenes, videos e, incluso en el caso de los teléfonos, a través del IMEI se puede saber cuántos chips se colocaron o utilizaron. Además, es posible localizar los lugares dónde han estado estos dispositivos móviles a través de las  coordenadas e incluso reconocer voces, apuntó.

El magistrado Ramos Torres puntualizó que todos estos datos deben obtenerse de manera legal, debe acreditarse su autenticidad y respetar la cadena de custodia para agregarlos a una carpeta de investigación. Ya en sede judicial, dijo, el juez debe permitir la exposición de estos datos de forma libre a través de diapositivas, audiovisuales e incluso un pintarrón.

De acuerdo a la Unidad de Investigación de Delitos Cibernéticos, de los 42 asuntos que la  Fiscalía estatal ha documentado principalmente de fraude, solamente una vez se ha concretado un juicio oral.

Aseveró que en el caso de las tecnologías no necesariamente se debe acreditar la propiedad, únicamente la posesión, ya que hay maneras sobre cómo dar con la persona que está usando la tableta, el teléfono o las computadoras a las que se puede dar seguimiento a través de claves, usuarios y conversaciones que contienen. Ramos Torres consideró se debe abrir el panorama porque hay nuevas maneras de desahogar pruebas.

La Comisión de Criterios Jurídicos, integrada por los magistrados Eduardo Antonio Méndez Gómez, Lorenzo Justiniano Traconis Chacón y Lorena Concepción  Gómez González, así como el Comité de Compilación tomaron nota de los temas analizados y de resultar procedentes emitirán los criterios correspondientes. 

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