Homologan criterios durante primer Conversatorio Penal de Magistrados y Jueces
Villahermosa, Tab., 2 de
junio de 2019.
No.- 071.
Homologan
criterios jueces
y
magistrados penales
·
Se
efectuó el primer Conversatorio Penal de Magistrados y Jueces; es un
instrumento de comunicación entre juzgadores, indica el magistrado Gregorio
Romero Tequextle
·
Se
expusieron temas como inmediación, apelación adhesiva, valoración probatoria de mensajes extraídos en redes sociales, y alcances de la ejecución de las sentencias
de amparo
Para analizar temas que
atienden con mayor recurrencia juzgadores del Tribunal Superior de Justicia
(TSJ), se llevó a cabo el primer Conversatorio Penal de Magistrados y Jueces,
en el ánimo de promover la homologación de criterios que ayuden a resolver con
mayor atingencia los juicios en los que se dé a cada parte lo que por ley le
corresponde.
En
representación del titular del Tribunal Superior de Justicia, Enrique Priego
Oropeza, el presidente de la primera sala penal, Gregorio Romero Tequextle,
señaló que este tipo de conversatorios son un instrumento esencial para la
comunicación entre jueces y magistrados, para analizar y homologar criterios
que permitan impartir justicia de mejor manera.
Romero
Tequextle explicó que la idea del encuentro es que magistrados y jueces debatieran
con respeto, en un plano de igualdad, como profesionales del Derecho que son.
Aseguró
que el pasado permite avanzar en el presente y hacia futuro, y recordó que
cuando el licenciado Manuel Antonio Zurita Oropeza fue procurador de Justicia,
en la década de los 80, se realizaba este tipo de encuentros con agentes del Ministerio
Público y subprocuradores de Justicia.
El
entonces procurador de Justicia, quien hasta su fallecimiento fuera notario
número 4, de Villahermosa, sostenía que cuando se habla de Derecho no hay
jerarquías, todos saben, todos tienen qué decir y todos pueden tener la razón.
Esto permitió homologar criterios para hacer mejor las cosas en el ámbito de la
procuración de justicia en ese tiempo, manifestó el magistrado Romero Tequextle.
Agregó
que este primer conversatorio será la base para la realización de otros donde
también participen jueces y magistrados especializados en el Derecho civil, así
como juzgadores federales, para escuchar sus puntos de vista y se entiendan
mejor algunas interpretaciones jurídicas en aras de brindar un servicio
expedito y completo a la ciudadanía.
En
este primer encuentro se abordaron los temas Inmediación en la audiencia inicial, a cargo de la magistrada
Guadalupe Pérez Ramírez; Apelación adhesiva, por el magistrado
Dorilián Moscoso López; Valoración
probatoria de los mensajes extraídos en
redes sociales, analizado por el magistrado Samuel Ramos Torres, y Los alcances de la ejecución de las
sentencias de amparo en cuanto a la valoración de prueba, que expuso la
magistrada Rosa Isela Gómez Vázquez.
El
director del Centro de Especialización Judicial, Pedro Haddad Bernat, indicó
que este primer encuentro proyecta la unión de la Judicatura que brinda certeza
al ciudadano sobre cómo se mantiene activa, actualiza sus conocimientos y se
organiza internamente, para lograr criterios propios que le ayuden a decidir
mejor, lo que es constitutivo de su independencia e imparcialidad.
El
magistrado Samuel Ramos Torres afirmó que los mensajes extraídos de redes
sociales son confiables como datos de prueba, los cuales pueden presentarse en
un juicio si se saben extraer o manejar y aunque la Fiscalía General del Estado
cuenta con peritos que validan la información, el Poder Judicial podría contar
con estos especialistas.
Comentó
que de acuerdo a la Unidad de Investigación de Delitos Informáticos de la
Fiscalía General hay muy poco margen de error para obtener o extraer mensajes y
conversaciones de las redes sociales que pueden servir como elementos de prueba.
Observó
que organismos internacionales se han colocado en medio del bombardeo de lo que
está sucediendo en las redes y la información que se maneja, controlan los
contenidos de cualquier red, principalmente donde hay menores de edad y estos organismos pueden dar la facilidades
para que una institución judicial o el órgano investigador acceda a ellos, a
través de metadatos y hash que arrojan
si son auténticos o manipulados.
Con
estricto respeto a las leyes, se pueden obtener mediante mandato judicial conversaciones,
llamadas, textos, imágenes, videos e, incluso en el caso de los teléfonos, a
través del IMEI se puede saber cuántos chips se colocaron o utilizaron. Además,
es posible localizar los lugares dónde han estado estos dispositivos móviles a
través de las coordenadas e incluso reconocer
voces, apuntó.
El
magistrado Ramos Torres puntualizó que todos estos datos deben obtenerse de
manera legal, debe acreditarse su autenticidad y respetar la cadena de custodia
para agregarlos a una carpeta de investigación. Ya en sede judicial, dijo, el
juez debe permitir la exposición de estos datos de forma libre a través de
diapositivas, audiovisuales e incluso un pintarrón.
De
acuerdo a la Unidad de Investigación de Delitos Cibernéticos, de los 42 asuntos
que la Fiscalía estatal ha documentado
principalmente de fraude, solamente una vez se ha concretado un juicio oral.
Aseveró
que en el caso de las tecnologías no necesariamente se debe acreditar la
propiedad, únicamente la posesión, ya que hay maneras sobre cómo dar con la
persona que está usando la tableta, el teléfono o las computadoras a las que se
puede dar seguimiento a través de claves, usuarios y conversaciones que contienen.
Ramos Torres consideró se debe abrir el panorama porque hay nuevas maneras de desahogar
pruebas.
La
Comisión de Criterios Jurídicos, integrada por los magistrados Eduardo Antonio
Méndez Gómez, Lorenzo Justiniano Traconis Chacón y Lorena Concepción Gómez González, así como el Comité de Compilación
tomaron nota de los temas analizados y de resultar procedentes emitirán los
criterios correspondientes.
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